Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado pidió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y a su par federal, iniciar una carpeta de investigación contra el Juez federal (Iván Aaron Zeferí), y otros funcionarios responsables por la emisión de una orden de aprehensión en contra del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, a pesar de tener fuero constitucional.
Lo anterior, a través de una iniciativa de punto de acuerdo aprobada por mayoría de votos, con dispensa de turno a Comisiones, durante la sesión ordinaria del Pleno Legislativo, celebrada este jueves.
Al presentar la acción legislativa, el diputado panista, Félix Fernando García Aguiar, detalló que el inicio de una investigación penal es importante porque podrían estarse configurando delitos contra la administración de justicia al librarse una orden de aprehensión contra un servidor público que está investido de fuero Constitucional.
Precisó que, con las acciones indebidas realizadas por la Fiscalía General de la República y el Juez del Centro de Justicia Federal de Almoloya , estado de México, de desplegar acciones contra un servidor público sin que se le haya quitado el fuero, se esta incurriendo en probables hechos delictivos contra la administración de justicia, como lo señala el artículo 225, fracción décimo novena del Código Penal federal, y el artículo 232, fracción décimo novena del Código Penal de Tamaulipas.
Poe esa razón, reiteró , es necesario que se emprendan acciones de investigación penal correspondientes para proceder contra quienes resulten responsables.
El legislador por Nuevo Laredo detalló que, el pasado 19 de mayo circuló en redes sociales y medios de comunicación la noticia sobre la orden de aprehensión del gobernador García Cabeza de Vaca.
Ese hecho, dijo, violenta la soberanía de la legislatura local, porque en ejercicio de sus facultades Constitucionales, el 30 de abril emitió un decreto con el cual declaro que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados en contra del gobernador, y le ratificó su fuero constitucional.
De ese decreto, dijo, fue notificada el 3 de mayo la Fiscalía General de la República.
Además, la legislatura local promovió una controversia constitucional, en la que un Ministro de la SCJN determinó no prejuzgar sobre la culpabilidad o no respecto al ilícito que se le imputa al gobernador, porque puede procederse en su contra cuando concluya su mandato.
“De lo anterior se establece que se ha violentado una resolución de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello resulta evidente que esta soberanía ha sido violentada por la supuesta orden de aprehensión” indicó.
Por esa razón, reiteró , es necesario que se emprendan acciones de investigación penal correspondientes para proceder contra quienes resulten responsables.
¿QUE DICE LA LEY?
El Código Penal Federal, en su artículo 225 , señala que:
“Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:
“Fracción XIX. Abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley”.
Al responsable se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa.
Y EL CODIGO PENAL DE TAMAULIPAS, establece en su artículo 232 que : Comete delito en el desempeño de funciones judiciales o administrativas el servidor público, en los siguientes casos:
Fracción XIX.- Abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley;
Al responsable se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
