Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el gobernador, Francisco García Cabeza, fue desaforado por la Cámara de Diputados, para enfrentar un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Erigido en Jurado de Procedencia, y luego de casi seis horas de trabajos legislativos el Pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, aprobó el dictamen emitido el miércoles pasado, por la Sección Instructora, que declaró procedente la solicitud de desafuero presentada el 23 de febrero pasado por la Fiscalía General de la República (FGR).
El motivo principal por el que el mandatario fue desaforado, es la presunta omisión del pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un monto de seis millones, 511 mil pesos, derivados de la venta de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México, en 42 millones de pesos.
Previamente al debate del expediente, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, permitió que los representantes de la FGR expusieran los elementos de prueba existentes en la carpeta de investigación 392/2020, con los cuales sustentaron la solicitud de desafuero contra el mandatario , y para que la defensa encabezada por el abogado Adolfo Aguilar Zinser presentara sus alegatos por vía virtual.
En su turno, la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, detalló las acusaciones contra el mandatario tamaulipeco , responsabilizándolo de haber acumulado una fortuna de más de 951 millones de pesos durante el periodo 2015-2019, a través de unas treinta propiedades en Texas y Tamaulipas, entre las que figuran ranchos, galerías de arte, restaurantes, cuentas bancarias y diversas empresas.
Dijo que en la investigación están considerados familiares y socios del mandatario tamaulipeco, entre ellos Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Resendez Cantú.
Detalló una serie de transferencias de montos millonarios, por parte de empresas, entre las cuales figuran algunas que han sido identificadas como empresas fachada o factureras y sospechosas de lavado de dinero.
Alcantar destacó la venta , en 2019, de un departamento de lujo en la Ciudad de México, por un monto de 42 millones de pesos que pagó al gobernador una empresa que no tiene domicilio fiscal, ni empleados, y que además no ha reportado ingresos desde el 2014.
Por esos ingresos, aseguró, el mandatario no reportó impuestos por seis millones 511 mil pesos, de lo que se derivó el delito de defraudación fiscal equiparada.
Enumeró además una serie de transferencias bancarias por cantidades millonarias provenientes de diversas fuentes, entre ellas empresas ligadas a la delincuencia organizada o catalogadas como defraudadoras.
Por su parte, el abogado Zinser refirió que dentro del dictamen de la Sección Instructora, la resolución solamente se concentró en el delito de defraudación fiscal equiparada, por un monto de poco más de 6 millones 511 mil pesos.
Sin embargo, argumentó que el delito es inexistente porque son recursos que se pagaron oportunamente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ser los impuestos derivados de la venta de un departamento en Santa Fe, por parte del gobernador, García Cabeza de Vaca y su esposa.
Dijo que cuando la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó la acusación no sabía de la existencia de que la esposa del mandatario era copropietaria del inmueble, y que ambos pagaron oportunamente los impuestos correspondientes.
Para probarlo, presentó el pago respectivo del ISR, hecho en abril del 2020.
Concluida la etapa de alegatos, la presidente de la mesa directiva, la priista, Dulce María Sauri, pidió a los fiscales salir del recinto , y al abogado desconectarse virtualmente para luego abrir a discusión el dictamen de la Sección Instructora.
El primero en subir a la tribuna fue el presidente de la comisión dictaminadora, Pablo Gómez, quien argumentó que la resolución de quitarle el fuero al mandatario tamaulipeco fue para que sea la justicia quien decida al respecto.
El dictamen declaró procedente la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del mandatario tamaulipeco para que sea sometido a un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
A partir de ahí, se generó un acalorado debate en la tribuna, entre diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que se oponían a desaforar al Gobernador, con representantes de Morena, PT, PVEM y otros aliados que apoyaban la resolución de la Sección Instructora.
El panista, Juan Carlos Romero, calificó como una burla el dictamen de la Sección Instructora porque es imposible que en un solo día haya analizado las más de nueve mil hojas que contiene el expediente.
“Es circo, maroma y teatro. Malos tiempos corren hoy. Tenemos estado de chueco , no estado de derecho” acusó.
Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), dijo que el fuero constitucional no es un manto de impunidad y lamentó que Cabeza de Vaca no hubiera acudido personalmente a defenderse a la Cámara de Diputados.
La diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández , reviró y aseguró que el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, es una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él insista que su fuerte no es la venganza.
Recordó que en agosto del 2020, en Nuevo Laredo, durante una gira de López Obrador, el gobernador le hizo señalamientos que lo molestaron, y por esa razón ordenó a la FGR instrumentar su venganza.
Y advirtió: “Hoy no solo se ataca a un gobernador, se agrede al federalismo. Esta es una amenaza directa a todos los gobernadores que se atreven a disentir con el inquilino del Palacio Nacional”.
Dijo que el desafuero de Cabeza de Vaca es un caso político con tinte electoral.
“¿Saben porque quieren acusar a Cabeza de Vaca? Porque tuvo la fuerza de organizarse con otros gobernadores para combatir a la delincuencia organizada” señaló.
Refirió que al mandatario tamaulipeco lo desaforan porque presuntamente no reportó impuestos por seis millones 511 mil pesos, pero el presidente López Obrador no comprobó de que vivió durante 18 años que hizo campaña por todo el país.
La diputada del PRI, Claudia Pastor, criticó que la Sección Instructora haya resuelto el último de los cinco asuntos que recibió, mientras los otros los dejó pendientes para junio.
“Pongámonos serios, valoren el precedente que sentaran. Pugnemos por respetar la Constitución, el estado de Derecho. Busquemos alternativas objetivas para resolver este asunto. Optemos por proteger a la democracia y función publica” indicó.
Y añadió: “Me opongo a aprobar este dictamen, sin las pruebas necesarias. Repongamos el procedimiento”.
El perredista, Antonio Ortega Martínez, pidió al presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, que no patee la historia porque estará votando su propia historia.
Le recordó que en 1968 fue perseguido políticamente y es lo mismo que está haciendo con Cabeza de Vaca.
En respuesta, el morenista, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, acuso al PRD de servir de comparsa al PAN y al PRI.
“No tienen autoridad moral para hablar de la inocencia del imputado” indicó.
La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC),Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, lamentó que se dejen sin resolver solicitudes de desafuero más antiguas, lo cual es un atentado contra los principios de garantías del debido proceso del imputado Cabeza de Vaca.
Dijo que la Sección Instructora no está atendiendo la ley, porque en el caso del gobernador tardaron 39 días para desahogar el expediente , mientras otros casos están retardando.
“No se debe juzgar de forma selectiva, parcial y oscura, cuando se trata de impartir justicia” indicó,
