Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Pleno del Congreso del Estado declaró improcedente el desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, aprobado por la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.
Lo anterior a través de una iniciativa de punto de acuerdo presentada por la bancada panista, que fue debatida y dictaminada con dispensa de turno a Comisiones, y que recibió el respaldo de 26 diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Tres legisladores de Morena votaron en contra y siete se abstuvieron.
Ese fue el único punto tratado por la asamblea legislativa al reiniciar la sesión ordinaria que estuvo en receso desde las 16:30 horas del pasado miércoles.
La legisladora panista, Karla Mar Loredo, fue la encargada de leer la iniciativa de punto de acuerdo que contiene tres puntos fundamentales: uno, que no procede la homologación de procedencia de desafuero en contra del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca; dos, que no ha lugar a retirar la protección de la inmunidad procesal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga al gobernador; y tres, que se reconozca al ciudadano Francisco García Cabeza de Vaca, su calidad de gobernador, y que por lo tanto debe seguir fungiendo para el periodo en que fue electo.
En la exposición de motivos, se argumentó que el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional establece que es competencia de la legislatura local decidir sobre el desafuero del Gobernador.
Por esa razón, añadió, existe invasión de competencias por parte de la Cámara de Diputados al homologar la declaración de procedencia para quitarle el fuero al mandatario estatal, porque se trata de una facultad exclusiva de la legislatura local.
“Además de ello, resulta oportuno mencionar que de ninguna manera se acreditan las imputaciones vertidas en contra del funcionario estatal” indicaron.
De ese modo, los diputados locales consideraron que el Pleno Legislativo debe privilegiar la voluntad popular de los tamaulipecos, por encima de un procedimiento faccioso, inconstitucional e ilegal, que vulneró garantías, el debido proceso y la presunción de inocencia del gobernador.
“Fue sujeto , de manera sistemática y recurrente, de violaciones a sus derechos humanos. Al ventilarse datos y nombres, que debieron protegerse en secrecía, violaron su presunción de inocencia, y por ello la resolución de la Cámara de Diputados no puede ser convalidada por esta soberanía. De ser así estaríamos violando un procedimiento inconstitucional y faccioso” indicaron.
Los legisladores detallaron que en base a la Constitución federal, la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados tiene efectos meramente declarativos para que sea el Congreso local el que determine lo que corresponde.
Para sustentar lo anterior citaron la controversia constitucional 24/2005 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el nueve de marzo del 2006.
