Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Una vez que el Pleno de la Cámara de Diputados vote y apruebe, este viernes, el dictamen emitido por la Sección Instructora, declarando procedente el desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso del Estado tendrá en sus manos una verdadera “papa caliente”.
Lo complicado del asunto se deriva de uno de los tres puntos resolutivos de la sentencia, que a la letra dice: “Comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
¿Qué dice el numeral en cuestión? “Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
“El demonio está escondido en las tres últimas palabras de, “procedan como corresponda”, señala un prestigiado experto en Derecho Constitucional.
¿Qué es lo que corresponda? No hay claridad en ello. Para algunos, eso significaría que, una vez que la legislatura tamaulipeca reciba la declaratoria de procedencia de desafuero, se inicie el procedimiento legislativo local para que los diputados determinen si la acatan o la desechan.
Sin embargo, no todos los Constitucionalistas coinciden en esa interpretación: “si eso fuera así, ¿qué caso tendría entonces que la Cámara de Diputados declarara procedente la solicitud de desafuero?», cuestionan.
Si esa fuera la interpretación de la disposición constitucional, sería ocioso que el Pleno de la Cámara federal debatiera y votara el dictamen de la Sección Instructora. Bastaría entonces que se le enviara al Congreso Estatal para que lo resolviera.
Por eso nuestra aseveración de que los diputados locales tendrán una “papa caliente” cuando les llegue a sus manos el dictamen.
Sobre todo, porque hay quienes advierten que para el caso en debate aplica lo que establece el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
“Por lo que toca a gobernadores, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Órgano Jurisdiccional respectivo” refiere la citada normativa.
A ello se suma lo que dice el artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, respecto a que : “En los casos de renuncia o muerte del Gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por delito del orden común, o ya por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, en los casos de la competencia de las Cámaras Federales, si ocurriere la falta dentro de los 3 primeros años del período, el Congreso Local, constituido en Sesión Permanente y Secreta, nombrará por el voto de la mayoría de sus miembros, un Gobernador Interno que promulgará el Decreto que se expida conforme a la fracción XLIX del Artículo 58 de esta Constitución.
“Si los hechos tuvieren lugar dentro de los últimos tres años de éste, no se convocará a nuevas elecciones y la persona designada por el Congreso durará en sus funciones de Gobernador hasta terminar el período”, añade.
De cualquier modo, no deja de llamar la atención la falta de precisión del dictamen, sobre todo porque hay antecedentes de casos de desafuero donde la Cámara Baja fue más que clara en cuanto a lo que deberían hacer las legislaturas locales.
Por eso cabe una interrogante: ¿Esa obscuridad de la resolución fue con dolo o los diputados estaban desganados para elaborar un dictamen más preciso?
Vale señalar, además, que el dictamen de la Sección Instructora está muy lejos de ser un ejemplo de sentencia pulcra. De los tres delitos que le imputa la fiscalía general de la República al gobernador, solamente se medio acredito el de defraudación fiscal equiparada.
EL RESTO.
DIAS COMPLICADOS. – Este viernes será un parteaguas en la historia de Tamaulipas. Habrá un antes y un después cuando la Cámara de Diputados vote el dictamen del desafuero.
Desde el miércoles, a las 16:30 horas, el Pleno del Congreso del Estado dejó en receso su sesión ordinaria, esperando lo que se resuelva en México.
ASI ANDAN LAS COSAS.
