Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Si el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el dictamen emitido por la sección instructora, en el que declara procedente la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, deberá ser el Congreso del Estado el que tenga la última palabra.
Así lo establece el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho numeral refiere que: “Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Se prevé que el dictamen de la sección instructora sea llevado ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria de este viernes, para ser puesto a consideración del Pleno.
En caso de que el documento sea avalado, la Cámara de Diputados deberá hacer la notificación respectiva a la legislatura de Tamaulipas.
