CIUDAD DE MÉXICO.
La corrupción de los servidores públicos en el país dejó de ser sólo un tema de dinero y se convirtió también en un tema sexual, pues, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), ahora existe el “cohecho sexual”, toda vez que trabajadores federales, estatales y municipales “suelen pedir favores sexuales a las usuarias para realizar sus funciones”.
Ayer, la Fiscalía General de la República entregó al Senado el Informe Anual de Actividades y Resultados 2021 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el cual se observa que existen mil 688 carpetas de investigación iniciadas por denuncias presentadas, principalmente por la Secretaría de la Función Pública, el gobierno del Estado de Veracruz, el ISSSTE, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Fiscalía reporta el periodo del 1 de enero del 2020 a este mes de marzo y detalla que, gracias a los mecanismos alternativos de solución de controversias se recuperaron dos millones 747 mil 223 pesos.
Principales delitos
Los principales delitos por los que se acusa a los servidores públicos de corrupción son peculado, que ha generado 390 carpetas de investigación; uso ilícito de atribuciones y facultades, con 218 carpetas de investigación; ejercicio ilícito de servicio público, con 200 carpetas; enriquecimiento ilícito, con 102 carpetas y cohecho, con 76 carpetas de investigación iniciadas.
“En el delito de cohecho, incluir el cohecho sexual, ya que solamente se limita a solicitar u ofrecer dinero. Los servidores públicos, en violencia de género, suelen pedir favores sexuales a las usuarias para realizar sus funciones u otorgarles algún servicio o insumo que por ley les corresponde. El cohecho sexual debe ser un tipo penal agravado con una mitad más del delito de cohecho simple”, solicita la Fiscalía.
Otra de las reformas que pide es “ampliar el delito de percepción ilícita para aquellas empresas que disponen de recursos derivados de programas sociales, por el sólo hecho de que ya han sido entregados a un particular, para que se pueda seguir como delito de corrupción y no como delito patrimonial”.
