Por Redacción Noticentro.
Las adversidades generadas durante el 2020 por la pandemia del coronavirus permitieron la consolidación en Tamaulipas de la justicia digital, afirmó el presidente del Poder Judicial del Estado, Horacio Ortiz Renán.
Al rendir su informe anual de labores, en un evento realizado en el auditorio del Consejo de la Judicatura, y al que asistieron el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, el magistrado dijo que lo anterior permitió que la justicia no se detuviera, como si sucedió en otras entidades.
“La justicia nunca se detuvo, no obstante que en otros estados la impartición de justicia se paralizó al carecer esas entidades de la gestión y tribunal electrónico” detalló.
De esa manera, añadió, durante el 2020 fue resuelto el 80 por ciento de la totalidad de los asuntos ingresados en todos los tribunales y en todas las materias.
Como ejemplo del fortalecimiento de la justicia digital, explicó que en 2019 había 420 usuarios inscritos en el Tribunal Electrónico, y para 2020 la cifra creció a 2,034, lo que representó un aumento del 384.2 por ciento.
En relación con la Firma Electrónica Avanzada, en 2019 se recibieron 230 solicitudes y en 2020 sumaron 2,598.
Desde que se restringieron las actividades jurisdiccionales, el 18 de marzo del 2020, se impulsó el uso del Tribunal Electrónico para rubros como la realización de audiencias por videoconferencia; el uso de herramientas tecnológicas para el derecho de convivencia a distancia de menores; el procedimiento de prerregistro de demandas iniciales, de contestación y generación de citas para su entrega en buzón; y para el protocolo de certificados de depósito y servicios de manera electrónica, entre otros.
También se puso en marcha el Sistema de Asistencia Virtual para personas procesadas en libertad bajo caución.
De esa manera, se evitó que 1,982 personas tuvieron que acudir a firmar semanalmente a los módulos correspondientes.
Los abogados litigantes fueron capacitados para migrar su actividad profesional al ámbito electrónico.
Ortiz Renán reconoció que hubo descontento social por las restricciones en el sistema de justicia debido a la situación de contingencia sanitaria, pero insistió en que se trató de una medida obligada.
“Fui testigo de que las medidas adoptadas fueron objeto de descontento por parte de algunos sectores de profesionistas, sin embargo, privilegiamos la prudencia y la congruencia, así como el impulso de esfuerzos extraordinarios en el terreno tecnológico que contribuyeron a la continuidad de nuestro quehacer institucional pese a las circunstancias adversas. No pasaron desapercibidos para mí los legítimos y justos reclamos de justiciables y litigantes que reclamaban la reanudación de la actividad jurisdiccional en forma presencial, pero el estado de cosas que se vivió, la paralización fue total en todos los Tribunales del país” precisó.
Dijo que la prioridad fue preservar la salud y la vida de los servidores judiciales.
A partir de marzo del 2020, solamente se mantuvo trabajando el 33 por ciento de la plantilla de personal y en agosto se aumentó al 50 por ciento. El resto trabajó de forma virtual a través del denominado “Home Office”.
