Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La militarización de la frontera con Estados Unidos por parte del Gobierno de México, ha orillado a los migrantes a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas, lo que ha dado origen a masacres como la de 19 personas en Camargo, ocurrida el pasado 22 de enero, denunció “Mexicanos Unidos contra la Delincuencia”.
“Militarizar las fronteras, no sólo no es un proceso de respeto a los derechos humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas” indicó.
Dijo que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración.
Recordó que en enero de 2019, el Estado mexicano hablaba de una política migratoria de derechos humanos donde, al menos durante enero de 2019, parecía que México pasaría de una política de contención y criminalización a una de derechos humanos.
“Sin embargo, las presiones externas dieron un giro. No sólo se mantuvo la política migratoria de persecución y criminalización, sino que se endureció y se militarizaron las fronteras” indicó.
En ese sentido, la ONG demandó al Gobierno mexicano que reconozca los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopte medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas , el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país.
Advirtió que la masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Guémez de 2014.
“Los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza. Asimismo, se pone en evidencia la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial pero incumplido en su propio territorio” sentenció.
Y añadió: “Ante los hechos ocurridos el 22 de enero en el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde se localizaron 19 personas -presumiblemente migrantes- calcinadas en dos camionetas, organizaciones de la sociedad civil, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica, condenamos la masacre y exhortamos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes contra personas migrantes, que vienen sucediendo en nuestro país desde hace más de una década”.
