Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El pasado 20 de septiembre del 2020, la joven Fernanda Nataly llegó, por su propio pie, al Hospital General de San Fernando, para someterse a una operación de cesárea. Era su tercer parto.
La acompañaban, su madre, su esposo y otros familiares.
“Estaba tranquila. No percibimos ningún riesgo porque el médico que iba a estar a cargo de la operación, Jorge Mallozy, era el mismo al que habíamos consultado durante el embarazo”, cuenta Marco Adolfo Ortiz Lucio, esposo de Fernanda Nataly.
Sin embargo, el hecho terminó en tragedia, porque de último momento, Mallozy decidió encargar la cirugía al pasante, Ram Garza Domínguez, quien carecía de experiencia.
El resultado fue fatal: Aparentemente a causa de una negligencia, Fernanda sufrió una hemorragia durante el parto, la cual terminó costándole la vida, dejando en la orfandad a sus tres hijos, incluida la bebé recién nacida.
Los hechos han generado una enorme indignación social en San Fernando, y el reclamo de justicia cada vez se hace más enérgico, sobre todo porque hay la presunción de una confabulación para encubrir a los presuntos responsables.
“Están argumentando que sí fue el médico Mallozy quien atendió el parto cuando tenemos evidencias de que no fue así. Hemos conseguido grabaciones de las cámaras de un negocio cercano al Hospital General, que captan al doctor saliendo a pesar de que la operación todavía ni se realizaba” lamenta Ortiz Lucio, quien tuvo que emigrar a Estados Unidos, en busca de un trabajo que le permita sostener a sus tres pequeños hijos.
La indagatoria de los hechos está a cargo de la Unidad General de Investigación de San Fernando, donde se integra la carpeta de investigación 388/2020, por homicidio, usurpación de funciones y negligencia médica.
“Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia. La muerte de mi esposa no puede quedar sin castigo. Han tratado de acercarse conmigo para entregarme un dinero pero eso no me interesa. Lo que queremos es que se aplique la ley a los responsables” dice Ortiz Lucio.
El resultado de la investigación todavía es incierta. Lo que si es cierto es el clamor social en demanda de justicia.
San Fernando ha sido una de las ciudades más golpeadas por la inseguridad pública, por lo que sus habitantes están muy sensibles, y además prevalece una gran desconfianza hacia las instituciones de procuración e impartición de justicia.
En esas condiciones, las autoridades deberán tener mucho cuidado al momento de emitir su resolución. Cualquiera que sea deberá ir bien sustentada para evitar el desbordamiento del coraje del pueblo.
EL RESTO.
¿Y LA CODHET?.- A propósito, llama necesariamente la atención la apatía mostrada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), frente a la muerte de Fernanda Nataly.
El organismo, que se supone es el defensor de la dignidad de los tamaulipecos, no ha hecho el mínimo pronunciamiento sobre el tema.
De oficio debió haber iniciado una investigación de los hechos, pero en vez de ello ha permanecido como simple espectador.
Lamentable que eso suceda, porque es en sucesos como el de Fernanda Nataly, donde la Codhet debería demostrar que hay razón para su existencia.
DESASTRE A LA VISTA.- La Unión de Citricultores de Tamaulipas, denunció que el 25% por ciento de las 50 mil hectáreas citrícolas de la entidad están invadidas de la mortal plaga conocida como “Dragón Amarillo”.
Bajo esas condiciones, el escenario es catastrófico, porque en muy pocos años, la citricultura de Tamaulipas podría desaparecer.
Desde luego que un hecho de esa naturaleza sería un desastre para al menos media docena de municipios de la zona centro del Estado, cuya economía depende de la producción de naranja y limón.
¿Estarán valorando el tema las autoridades estatales y federales? Si no lo han hecho, tendrán que darse prisa.
ASI ANDAN LAS COSAS.
