Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
“La intervención de los poderes políticos en los nombramientos de Magistrados se ha convertido en una herramienta para el intercambio de favores”, denunció la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
Esta situación, añadió, ha dañado no solamente la independencia, sino también la eficiencia judicial y el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia, pues en ocasiones los magistrados designados no cuentan con las capacidades necesarias para desempeñar el cargo.
El hecho es preocupante, porque pone en riesgo la calidad y eficacia de la justicia.
De acuerdo con una investigación de la ONG, en México pocos estados escapan a la tradición de captura política de los cargos de magistrados.
En la actualidad, solamente nueve estados prevén que los magistrados sean designados mediante concursos de oposición, o algún tipo de examen realizado por el mismo Poder Judicial, aunque también intervengan el Legislativo y a veces el Ejecutivo locales.
En otros cuatro Estados, el proceso de designación está a cargo del Poder Legislativo, con o sin intervención del Poder Judicial.
“En el resto de las entidades, (entre ellas Tamaulipas) el gobernador propone nombres o ternas y el Legislativo ratifica o escoge” señaló.
“Si bien las designaciones con carácter o motivación política existen en otros países, la peculiaridad en México es el contraste entre los nombramientos de los más altos cargos judiciales (los que, en la mayoría de los estados, se realizan sin filtros que permitan asegurar que la persona tenga los conocimientos y habilidades requeridos para el puesto) y las designaciones del resto de los cargos jurisdiccionales, que desde los niveles más bajos hasta el de juez suelen integrar una carrera judicial, cuyo principio básico es la implementación de mecanismos objetivos basados en el mérito para el ingreso y la promoción dentro de la institución” detalló.
La conclusión es que para lograr en la practica la independencia del Poder Judicial, es impedir que la intervención de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
