Por Redacción Noticentro.
La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Edna Rivera López, presentó una iniciativa de decreto para que el Gobierno del Estado deje de cobrarle al ciudadano por la búsqueda de información, tanto en el sistema de justicia como en su ejercicio del derecho de acceso a la información.
Para ello, planteo reformas a los artículos 4, 147, 150, 156 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En la exposición de motivos, la legisladora recordó que el derecho de acceso a la información y el de seguridad jurídica, se relacionan con los principios de legalidad y gratuidad.
“Sin embargo lo que ocurre en el escenario fáctico es un cobro injustificado y desproporcionado por la búsqueda de la información, así como por la reproducción de información pública en copias simples, vulnerando con ello el acceso gratuito a la información y el principio de gratuidad” indicó.
Citó como ejemplo lo que ocurre cuando las partes en un juicio solicitan a un juzgado de primera instancia copias certificadas.
“Se les exige primero cubrir su respectivo costo ante el Fondo Auxiliar, de acuerdo al número de hojas que tenga el expediente, lo que vulnera el principio de gratuidad en la justicia” indicó.
Detalló que, de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, la búsqueda de expedientes y documentos tiene un costo de 3 UMA, lo que se traduce en $261 pesos, y la constancia, certificación o expedición de copias certificadas de expedientes y documentos va desde los $174 pesos cuando sea de 1 a 15 hojas, y hasta los $608 pesos cuando se trate de 51 hojas en adelante, lo que constituye una violación al derecho a la seguridad jurídica.
Por esa razón , planteó, es necesario reformar la ley para prohibir el cobro que las diferentes instancias públicas hacen por concepto de búsqueda y que solamente se requiera el pago correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.
“Entonces, en cuanto a búsqueda de información se refiere debe prevalecer la gratuidad por ser un principio constitucional, ya que solo se cobrará el empleo de diversos materiales para la reproducción de la información, por lo que para ello debe establecerse una base objetiva y razonable, tomando en cuenta los costos reales de los materiales utilizados tales como hojas, tinta, impresora entre otros” mencionó.
