Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Tamaulipas, para aumentar en una mitad la pena del delito de violencia familiar cuando se cometa contra una embarazada.
Por unanimidad de votos, los legisladores que asistieron a la sesión ordinaria de la asamblea parlamentaria, este miércoles, avalaron adicionar un sexto párrafo al artículo 368 Bi, como lo planteo la iniciativa promovida por los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Rigoberto Ramos Ordoñez y Leticia Sánchez Guillermo.
El citado numeral señala que: “Comete el delito de violencia familiar quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual contra cualquier otro miembro de la familia con el que se encuentre o haya estado unido por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o que mantenga o haya mantenido una relación de hecho dentro o fuera del domicilio familiar”.
Al responsable de esa conducta se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado y estará obligado al pago de la reparación del daño de las víctimas.
Con la reforma aprobada, la penalidad se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea una mujer embarazada.
En ese caso, la condena mínima para un agresor podría ser de un año y máxima de seis años.
En la exposición de motivos, los legisladores señalaron que la violencia familiar contra las mujeres y en específico cuando se encuentran en estado de embarazo, es una conducta que debe ser sancionada con mayor intensidad, ya que se fractura la estabilidad y armonía del núcleo social primario.
En la exposición de motivos , los legisladores señalaron que la violencia familiar en contra de la mujer en estado de embarazo tiene consecuencias graves de salud como ruptura de útero, hígado o bazo, fractura de pelvis y hemorragias, además de tener un alto riesgo de sufrir un aborto inducido, tener desprendimiento prematuro de placenta, precipitación del parto y, como consecuencia fatal, la muerte de la propia madre.
Además genera estrés, depresión, ansiedad, fobias y angustia.
“Existe un riesgo mayor de salud, pues a consecuencia de esos actos interrumpen su atención médica, ya que por vergüenza u otras causas no dan continuidad a sus chequeos médicos, impidiendo una vigilancia adecuada de su embarazo en cuanto a detección y tratamiento oportuno de posibles complicaciones” refirieron.
Por esa razón, consideraron urgente endurecer las sanciones contra los agresores.
