Por Redacción Noticentro.
Diez de cada 100 mujeres en México han experimentado algún incidente de violencia sexual en su familia de origen antes de haber cumplido 15 años, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Apoyada en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares , el organismo nacional advirtió que, además dos de cada 100 mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales.
Por esa razón, la CNDH manifestó su rechazo a cualquier reforma legislativa que constituya una regresión en los derechos humanos de las mujeres, y reiteró su llamado a las legislaturas estatales a garantizar el derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual a interrumpir legalmente su embarazo.
“Existen numerosos instrumentos y recomendaciones internacionales dirigidas al Estado mexicano respecto de la necesidad de garantizar a las mujeres el acceso al aborto, entre los cuales se encuentran las recomendaciones que el Comité de la CEDAW emitió en el sentido de que se acelere la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el aborto legal, armonizándolas a la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 (NOM-046)” enfatizó.
Además de ello, el organismo nacional hizo referencia a la sentencia de amparo en revisión 601/2017, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que señaló que “
la negativa de las autoridades para realizar el procedimiento médico para interrumpir el embarazo a una menor, a sabiendas de que éste era producto de una agresión sexual, constituye una violación grave a los derechos humanos”.
Por otra parte, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que las mujeres y las niñas se enfrentan a considerables dificultades para acceder a los servicios de aborto legal por las trabas administrativas y burocráticas, destacando que el denegar este servicio equivale a tortura y malos tratos.
“Regular condiciones adicionales para tener acceso al aborto en casos de violación afectan principalmente a mujeres con escasos recursos que no pueden solicitar este servicio en otras entidades federativas, lo cual pone en riesgo sus vidas” apuntó.
En Tamaulipas, el Congreso del Estado aprobó recientemente un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados, para exigirle que no apruebe iniciativas relacionadas con la legalización del aborto.
A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores, ha advertido que en Tamaulipas “no pasarán iniciativas que atenten contra la vida humana”.
