CIUDAD DE MÉXICO.
Por irregularidades en sus informes financieros, el Instituto Nacional Electoral impuso ayer multas por seis millones 144 mil pesos a siete agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos.
Cuando faltan sólo 10 días para que los consejeros electorales resuelvan qué organizaciones obtendrán el registro para participar en los comicios de 2021, las sanciones fueron impuestas a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala con 2.7 millones de pesos, Fuerza Social México del líder sindical Pedro Haces con 1.1 millones de pesos, Grupo Social Promotor (antes Nueva Alianza) con 907 mil pesos, Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo con 875 mil pesos, Súmate a Nosotros del expanista Manuel Espino con 290 mil pesos, Encuentro Solidario (antes PES) con 150 mil pesos y Fundación Alternativa del ex priista César Augusto Santiago con 63 mil pesos.
TROPIEZO EN LA ESPERA
En una sesión en la que se hicieron pronunciamientos a favor de una mejor fiscalización y de cambios legislativos que así lo permitan, el Consejo General del INE aprobó establecer multas a las acciones observadas en 13% de los ingresos y 24% de los egresos de las organizaciones participantes en el proceso de aprobación.
Las asociaciones políticas reportaron ingresos por 113.3 millones de pesos y gastos por 111.8 millones de pesos. Al auditar el ejercicio de esos montos, la Unidad de Fiscalización del INE notificó 377 observaciones, 43 de las cuales no fueron atendidas.
Se detectaron 17.7 millones de pesos en irregularidades como financiamiento opaco o ilegal; simulación en materia de aportaciones por parte personas no identificadas o que carecían de los recursos para realizarlas como fueron reportadas, así como aportaciones en especie sin comprobación fiscal y gasto en proveedores identificados por el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera como “personas de riesgo”.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, definió que esas multas son una manera de ir en contra de la opacidad y de cualquier conducta que pretenda burlar la ley. Reivindicó el nuevo sistema de fiscalización, derivado de la reforma electoral de 2014, como más robusto y eficiente, al permitirle al INE vigilar “que no sea el dinero, y mucho menos el financiamiento ilegal, lo que suplante la voluntad ciudadana”.
Carla Humphrey Jordán alertó que este dictamen no debía verse como un cheque en blanco para las organizaciones que buscan registro como partidos, mismos que deben saber que se encuentran bajo un ejercicio continuo de revisión.
Se refirió la consejera Humphrey a la necesidad de mejorar este proceso para tener claridad de quiénes están financiando los partidos de nueva creación, a fin de prevenir el uso de recursos del crimen organizado e ilícitos en las campañas; así como detectar las aportaciones que se ejercen de manera anticipada a las campañas, los ingresos y egresos no reportados y los que no son comprobados, y las aportaciones en efectivo superiores a 90 umas.
Córdova dijo coincidir con la necesidad fortalecer las capacidades fiscalizadoras de la autoridad electoral, mismas que señaló como piezas fundamentales para garantizar transparencia, equidad y rendición de cuentas en la contienda política.
Desde hace ya dos décadas, cuando el entonces IFE se investigaban casos célebres como Pemexgate y Amigos de Fox, la autoridad electoral dejó clara la importancia de regular la relación siempre conflictiva entre dinero y política”, planteó el consejero presidente.
