Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, envió al Congreso del Estado, una iniciativa de decreto para crear un impuesto ecológico por la emisión de gases a la atmósfera, derivados del uso de combustibles fósiles en la generación de energía.
Durante la sesión ordinaria celebrada éste miércoles, el Pleno Legislativo dio entrada a la acción legislativa, y la turnó a Comisiones para que sea analizada y se determine su procedencia.
La propuesta consiste en adicionar a la Ley de Hacienda de Tamaulipas el capítulo VIII, denominado Impuestos Ambientales , de la Emisión de gases a la atmósfera.
El impuesto ecológico consiste en el cobro de tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera.
En base al valor actual de la UMA, que es de 86.88 pesos, el cobro por tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera sería de 260.64 pesos.
Los sujetos obligados serían las personas físicas o morales y las unidades económicas residentes en el Estado o los residentes fuera del Estado, que tengan en el territorio del Estado instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen las actividades que determinen las emisiones a la atmosfera gravadas por el impuesto.
También pagaran el tributo la Federación, el Estado y los Municipios, los organismos descentralizados federales, estatales y municipales, las empresas productivas del Estado y las empresas de participación municipal mayoritaria y otras.
Una de las instancias obligadas al pago del impuesto será la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los ingresos que obtenga el Estado serán destinados a obras , infraestructura y operación de los servicios de salud; generación de proyectos de desarrollo sustentable y sostenible que protejan el medio ambiente; y a la vigilancia e inspección de fuentes contaminantes.
El promovente señaló que la legislatura estatal es competente para aprobar impuestos ecológicos, como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la controversia constitucional 56/2017.
“Nuestro más alto tribunal concluyó que no existe limitación constitucional alguna que impida a las entidades federativas legislar en materias de impuestos ecológicos” refirió.
En la exposición de motivos se establece que a raíz del acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) , el pasado 29 de abril se limitó la generación de energías limpias, al introducir una barrera natural de mercado a las inversiones de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotoválticas.
Con ello se favorece el uso de combustibles fósiles con los daños inevitables al medio ambiente, contraviniendo los esfuerzos que entidades como Tamaulipas han hecho para mejorar la salud de las personas y proteger el medio ambiente a través del fomento a la producción de energías limpias o renovables.
Al respecto, refirió que en el periodo comprendido del 2016 al 2020, se han construido y puesto en operación 11 proyectos de energía eólica que conjuntamente representan una inversión superior a los 2,300 millones de dólares y conjuntamente poseen una capacidad autorizada de más de 1400 megawatts.
