Por Redacción Noticentro.
La tortura sigue siendo practicada en México de forma sistemática, y persiste la falta de acceso a la justicia y la impunidad en este tipo de casos, denunció la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La asociación civil lamentó que las corporaciones policiales y las fuerzas armadas sigan recurriendo a éste método de investigación, teniendo como aliado al sistema de procuración y administración de justicia que no ha sido eficaz en investigar y sancionar estos hechos.
“La tortura en México es raramente sancionada, siendo la impunidad la regla común” indicó.
Advirtió que la deficiencia en la legislación en materia de tortura y las amplias lagunas que existen en la legislación procesal penal, permiten que la tortura siga siendo un problema persistente.
“Distintos reportes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos señalan que la tortura y los malos tratos continúan siendo ampliamente utilizados, particularmente por las agencias de procuración de justicia y las policías, al momento de la detención y durante las primeras horas bajo custodia, tanto a nivel estatal como municipal” refirió.
Aunque México cuenta con una ley federal en materia de tortura, la última reforma data de 1994, lo que hace poco efectivo a dicho ordenamiento al ser una norma caduca que no se adecúa a estándares internacionales.
“México no ha incorporado a su ordenamiento nacional los más altos estándares internacionales en cuanto a la tipificación de la tortura” indicó.
Por otro lado, la legislación vigente establece penas que no son acordes con los delitos más graves sancionados en las leyes penales y plantea una formulación vaga en cuanto a las reglas de operación, pues no se establece, por ejemplo, la consecuencia del incumplimiento de la autoridad al no brindar la posibilidad de obtener una evaluación médica cuando sea solicitada.
La razón por la que con mayor frecuencia se recurre a la tortura continúa siendo la obtención de algún tipo de confesiones por parte de personas privadas de su libertad, generalmente para obtener su autoincriminación.
“La obtención de este tipo de declaraciones supone para algunas autoridades una salida fácil a la investigación para satisfacer así las exigencias de sus superiores de resolver casos. Los jueces continúan admitiendo confesiones obtenidas bajo tortura como evidencia” denunció.
Por esa razón la organización hizo las siguientes recomendaciones a los Gobiernos: Investigar de forma pronta, efectiva e imparcial todas las denuncias por tortura y sancionar a los responsables; Adecuar los tipos penales de tortura, a nivel estatal y federal, a los más altos estándares internacionales de conformidad con la Convención Contra la Tortura; y Garantizar que las pruebas obtenidas mediante actos de tortura y malos tratos no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento.
