Por Redacción Noticentro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las legislaturas federal y estatales, a no enfrentar con sanciones penales la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19.
La exigencia del organismo nacional se hizo a raíz de que Querétaro aprobó reformas a su ordenamiento punitivo, para aumentar delitos y sanciones penales como medida para combatir la propagación del virus que transmite la enfermedad.
En abril pasado, diputados de diferentes bancadas en la legislatura de Tamaulipas, presentaron iniciativas de reforma al Código Penal, precisamente en un intento por contener el avance del covid-19.
Por ejemplo, la bancada de Morena, en voz de su coordinadora Edna Rivera López, propuso castigar hasta con cinco años de cárcel a quien contagie con dolo el covid-19.
El líder de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) Gerardo Peña Flores, propuso reformas al Código Penal para castigar con una pena máxima de 4.5 años de prisión a quien agreda a médicos, enfermeras o cualquier otro trabajador hospitalario.
Peña Flores señaló que la medida es urgente porque en las últimas semanas se han incrementado exponencialmente los ataques contra médicos y enfermeras.
En ambos casos, las iniciativas fueron enviadas a Comisiones para su análisis y dictamen.
“La Presidenta de esta Institución hace un llamado a las autoridades para que en estos momentos de emergencia sanitaria que enfrentan diversos países, ocasionados por la enfermedad provocada por el virus covid-19, establezcan medidas conducentes para proteger el derecho a la salud, sin que ello implique desproteger otros derechos fundamentales, pues todos tienen la misma importancia, por lo que deben tutelarse en todo momento” indicó la CNDH.
Y añadió: “De igual modo, se exhorta a no emplear el derecho penal como parte de las políticas públicas de salud, privilegiando otros instrumentos más efectivos y menos represores”.
En el caso de Querétaro, anunció, el organismo nacional prepara un escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de esos cambios normativos, con la finalidad de solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invaliden las disposiciones que vulneren los derechos humanos de las personas, el cual será presentando una vez que las reformas sean publicadas en el Periódico Oficial de dicho estado.
