Por Redacción Noticentro.
Ante los altos niveles de impunidad que prevalecen, las instancias de procuración de justicia del país deben implementar una política de priorización en la atención de los delitos para perseguir primero aquellos que más impactan y ofenden a la sociedad.
Esa es una de las conclusiones a que llegó la organización no gubernamental “México Evalúa”, durante una investigación denominada, “Hacia una persecución penal estratégica”.
La ong señaló que, dado que los recursos humanos y financieros son escasos, es difícil que las procuradurías y fiscalías persigan de forma eficiente la totalidad de los delitos que conocen.
Aclaró, sin embargo, que esto no es un problema exclusivo de México, porque no hay un solo país donde el sistema de justicia resuelva todos los delitos ocurridos.
“El camino que sigue un asunto desde su denuncia hasta la decisión del fiscal que lo da por concluido es una auténtica ruta de la arbitrariedad que responde, entre otras cosas, a la voluntad de las autoridades, a la atención mediática del asunto e incluso a los incentivos en forma de corrupción. Por esta razón es necesario construir una política criminal racional que contemple una utilización más eficiente de los recursos disponibles” mencionó.
Por esa razón, precisó, para dar respuesta adecuada a los múltiples y variados fenómenos delictivos, es necesario que las fiscalías y procuradurías logren una persecución penal estratégica.
“Una persecución estratégica requiere de la definición de una política de priorización. Por medio del desarrollo de políticas de priorización se pueden establecer criterios transparentes y justificados que expliquen la toma de decisiones de las autoridades y que provean certidumbre en torno de las expectativas ciudadanas y cierren espacios para la indolencia, el voluntarismo y la corrupción” mencionó.
Sin estas políticas, los recursos físicos y humanos que poseen las instituciones de procuración de justicia no serán aprovechados de forma eficiente y será difícil disminuir los niveles tan altos impunidad que enfrenta el país.
“Estas recomendaciones son un punto de partida para el desarrollo de instrumentos que ayuden a eficientar los recursos y que disminuyan los niveles de impunidad generalizada dentro de las instituciones de procuración de justicia” refirió.
De acuerdo con el Índice de Impunidad Directa, el porcentaje de impunidad es de 96.1% en el ámbito local, mientras que en el ámbito federal es de 94.6%.
“En otras palabras, del total de casos que son efectivamente conocidos por las autoridades –es decir, denunciados– y respecto de los cuales se inician investigaciones, sólo el 4% y 6%, respectivamente, reciben una respuesta satisfactoria” alertó.
A ello es necesario sumar la cifra negra del delito estimada en más del 90%, lo cual significa que solo se denuncia el 10 por ciento de los ilícitos.
