Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Son muchas las ocasiones en que hemos escuchado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, o algunos de sus colaboradores, quejarse sobre el actuar de los Jueces, sean federales o estatales.
Ha sido así sobre todo cuando un Juzgador decidió no vincular a proceso, o declarar inocente, a algún miembro “connotado” de la delincuencia organizada cuya captura fue presumida como trofeo por parte del Gobierno de la “4T”.
Como son situaciones que suceden con recurrencia en los tribunales, porque es normal que en un litigio haya sentencias condenatorias o absolutorias, las quejas del mandatario federal y su equipo son constantes.
Resulta, sin embargo , que cada queja ha ido acompañada de una acusación de corrupción y de una cierta dosis de amenaza o intimidación hacía los impartidores de justicia.
Para el Presidente y sus colaboradores cualquier fallo judicial adverso a sus intereses es sinónimo de corrupción o de que atrás hay algo turbio. Para ellos, la única sentencia aceptable es la que condene y encarcele al acusado.
Y la verdad, las cosas no son así. Si la justicia se impartiera como ellos la ven entonces no sería justicia.
¿Qué razón tendría seguir teniendo Jueces si para el titular del Poder Ejecutivo toda persona, por el solo hecho de ser acusada y detenida, es culpable? Es absurdo entenderlo así pero así lo entienden López Obrador y sus funcionarios.
Le traigo el tema a la mesa porque se trata de una situación que debería preocuparnos a todos los mexicanos, principalmente porque hacia dentro del Poder Judicial estas críticas presidenciales podrían comenzar a incidir o influir en los criterios de los Jueces al momento de resolver un proceso.
Que lamentable sería que, en un afán de evitar ponerse en riesgo de despido o de ser enjuiciados, algunos Juzgadores comiencen a dictar sentencias condenatorias donde no hay datos de prueba para ello. Eso significaría condenar a inocentes y los Jugados pasarían a ser una especie de tribunales de la Santa Inquisición.
He tenido la oportunidad de platicar con algunos integrantes del Poder Judicial Federal, y efectivamente me dicen que hacia dentro hay un ambiente de tensión y temor por lo que consideran un embate proveniente desde el Poder Ejecutivo.
Sienten que durante los últimos meses el Poder Judicial ha visto disminuida su independencia para caer en una especie de sometimiento hacia el Ejecutivo, lo cual es terriblemente peligroso en cualquier país democrático, sobre todo porque el sistema de justicia no puede estar supeditado o subordinado a injerencias externas aun viniendo del Presidente de la República.
Alguien tiene que hacerle entender al Presidente que hay un principio de división de Poderes, y que cada uno de ellos tiene su ámbito de competencia. Pretender , desde el Ejecutivo, decirle al Poder Judicial cómo ejercer su tarea es un acto intolerable e inaceptable bajo cualquier circunstancia.
Esperemos que esta situación pare pronto porque de no ser así podría darse una especie de rebelión hacia dentro del Poder Judicial Federal. La inconformidad es demasiada.
EL RESTO.
VIENE OTRO DIFERENDO.- Todavía no llega a su fin el diferendo entre los Gobiernos federal y estatal por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y ya se está gestando uno más con la pretensión del Gobierno federal de reformar la Constitución federal para que la justicia local sea controlada por la federación.
De ese tamaño es el absurdo que se pretende impulsar desde el Gobierno de la “4T” a través de los legisladores de Morena.
Hasta donde se sabe, esta propuesta será añadida a un paquete de reformas judiciales que ya está en manos del Senado de la República.
El argumento o pretexto del Gobierno federal para dar ese paso es que las judicaturas locales están totalmente corrompidas.
En razón de ello, si la iniciativa madura, se vendrá inevitablemente un nuevo pleito intergobiernos porque difícilmente los Gobernadores se quedaran de brazos cruzados ante una embestida de esa naturaleza.
ASI ANDAN LAS COSAS.
