POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
El presidente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas (CFADT), Guillermo Gutiérrez Riestra, recibirá hoy la titularidad de la Representación Regional de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como un justo reconocimiento a la intensa labor que ha hecho a lo largo de casi 40 años en defensa de los derechos de los más desprotegidos en la entidad.
En una ceremonia prevista para hoy en la Representación Regional de la Tercera Visitaduría de la CNDH con sede en Reynosa, Gutiérrez Riestra recibirá el nombramiento firmado por la titular del organismo Rosario Piedra Ibarra.
Gutiérrez Riestra sustituye a Óscar Castro Cantú, quien deja pendientes innumerables casos de personas desaparecidas, sobre todo de inmigrantes que llegaron procedentes de Centroamérica a Reynosa con la ilusión de concretar el llamado “sueño americano”, además de agresiones a defensores de los derechos humanos y a periodistas, entre otros.
El activismo de Gutiérrez Riestra creció luego de la desaparición de su hija Raquel Gutiérrez Ruiz (QEPD), quien junto con varios amigos fueron privados de su libertad por un grupo armado en el Barrio de Pajaritos en Ciudad Victoria.
No será nada fácil la misión del nuevo titular de la Representación Regional de la Tercera Visitaduría de la CNDH, puesto que no se han cumplido con diversos compromisos a favor de las familias que continúan con la búsqueda de sus seres queridos vivos o muertos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Por otra parte, pero sin dejar el tema de la CNDH, resulta que muchos padres de familia no están de acuerdo con la operación “Mochila Segura” porque supuestamente se criminaliza a niñas y niños, sin embargo continúan los casos de que menores de edad llevan armas a sus escuelas.
Recientemente, un joven de secundaria llevo una subametralladora a su escuela en el municipio de General Zuazua, Nuevo León, que se logró detectar gracias a la operación “Mochila Segura”.
El joven dijo que se la había encontrado tirada, pero quiso presumirla y la llevo a la escuela, a pesar de que había ocurrido recientemente el asesinato de una maestra en manos de uno de sus alumnos en Torreón, Coahuila.
Existe una recomendación de la CNDH acerca de implementar otras alternativas para salvaguardar la seguridad de alumnos y maestros en las escuelas ante las quejas de los padres de familia, pero está visto que la operación “Mochila Segura” ha dado resultados para detectar a tiempo la introducción de armas y evitar de esta manera casos lamentables como los ocurridos en Torreón, Coahuila.
En otro tema, vaya escándalo que se ha generado a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a que los trabajadores que se pensionaron conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 deben recibir únicamente la cantidad de 10 salarios mínimos como máximo, en lugar de los 25 salarios mínimos que reciben con la reforma de 1997.
Si bien es cierto que la Ley del Seguro Social indica claramente que los trabajadores pensionados bajo el régimen de 1973 sólo deben recibir 10 salarios mínimos como máximo, resulta injusto que no reciban los beneficios que se logaron a favor de los trabajadores con la reforma de 1997 para que obtengan los 25 salarios mínimos.
El ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán sólo aplicó la Ley del Seguro Social de 1973, pero deja en la indefensión a miles de pensionados que deberían de ser beneficiados con la reforma de 1997.
Pero para que esto suceda, se requiere que los legisladores federales asuman el compromiso de emitir un agregado, como los que muchas veces hacen para moldear el marco legal a las necesidades de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien debería de pronunciarse al respecto y no sólo señalar que es un caso que no le corresponde.
¿Dónde quedó la justicia social que tanto pregona?, claman los miles de pensionados que fueron afectados con la propuesta del ministro Pérez Dayán, quien no tiene más remedio de aplicar la ley.
Se espera que exista la sensibilidad necesaria para que se beneficie a los pensionados con la Ley del Seguro Social de 1973, puesto que sería un caso de justicia social para aquellos pensionados que trabajaron por muchos años, en cuyo lapso de tiempo cambiaron las normas legales a que tienen derecho, como los beneficios de la reforma de 1997.
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