Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El asunto de la revisión de las cuentas públicas sigue siendo motivo de polémica y debate, pero sobre todo de desconfianza.
Muy pocos ciudadanos creen (creemos) en la imparcialidad y la autenticidad del proceso de revisión del gasto público que realizan quienes están al frente de las instancias de Gobierno.
La razón de tal escepticismo está justificada con razones de sobra, pero principalmente porque rara vez o nunca vemos que el trabajo de fiscalización que realiza la Auditoría Superior del Estado (ASE) termine con algún servidor público procesado penal u administrativamente.
No se trata de que a fuerza queramos ver sangre, pero tampoco resulta creíble a los ojos ciudadanos que, con casi 50 mil millones de pesos de presupuesto que ejercen cada año las instancias públicas, no haya un solo caso de funcionarios a quienes les haya ganado la tentación de embolsarse algunos millones de pesos.
Creerlo así sería aceptar que somos una entidad con servidores públicos dechados de honestidad. Unos verdaderos virtuosos.
Es verdad, cada año la ASE y el Congreso del Estado “reprueban” cuentas públicas de Ayuntamientos y organismos públicos bajo el argumento de que se les detectaron irregularidades en el manejo de sus recursos.
Sin embargo, al final del camino los años transcurren y los ciudadanos no vemos que se consumen las sanciones y menos que se restituya al erario público los recursos aparentemente desviados.
No tenemos que ir tan lejos para encontrar una referencia. Tenemos a la mano la cuenta pública del exgobernador, Egidio Torre Cantú. Desde el año pasado, la ASE salió a decir que había detectado irregularidades multimillonarias en el gasto público de la anterior administración estatal y que tenía en un curso una investigación.
No obstante, a tres años de distancia los tamaulipecos seguimos esperando resultados concretos.
También en 2017, el Congreso del Estado reprobó al menos una docena de cuentas públicas de Ayuntamientos. Pese a ello, es fecha de que no hay noticias de algún exalcalde procesado.
No sabemos dónde está la causa de la impunidad. La justificación que da la ASE y los Diputados es que el procedimiento de revisión todavía concede a los involucrados plazos Constitucionales y legales para aclarar las irregularidades que se les detectaron. Mientras no venzan esos tiempos nada se puede hacer.
El problema es que hasta en tanto no haya una notificación formal a los involucrados los plazos no corren y eso genera el riesgo de una prescripción de la acción punitiva.
Bajo todo ese escenario, sería bastante recomendable que los legisladores locales se pusieran a arrastrar el lápiz, para con el apoyo o consejo de expertos en la materia, encuentren un camino mucho más efectivo para evitar que haya quienes se roben impunemente el dinero público. Es la única manera de hacer que la sociedad confíe en que sus impuestos están bien utilizados y que no van a parar a las cuentas personales de algunos vivales.
Se trata de una urgencia porque, insisto, no es creíble, que con tantos miles de millones de pesos circulando cada año , no haya un solo caso de corrupción.
¿Usted qué opina?
ASI ANDAN LAS COSAS.
