Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El sistema penitenciario es el último eslabón del sistema de justicia penal.
Teóricamente es en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), popularmente conocidos como Penales, donde se consuma aquello que las leyes definen como la reinserción social de quienes han cometido un delito.
Luego de ser detenido, procesado y juzgado, alguien que es encontrado culpable va a purgar una condena a un reclusorio. Se supone que el fin de la pena es lograr que la persona regrese a la sociedad debidamente “curado”.
Lastimosamente, las condiciones imperantes en los Cedes no permiten, ni por tantito, que esa reinserción social de los delincuentes se consume. Por algo las prisiones han sido consideradas desde siempre, escuelas del crimen.
Es una pena que las cosas sucedan así porque entonces se pierde el sentido del sistema de justicia.
Le cuento de ello porque éste jueves reciente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019.
El DNSP es un instrumento de evaluación y valoración que presenta la situación que impera en el sistema penitenciario bajo la perspectiva del respeto de los derechos humanos, analizando las condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión.
La investigación deja muy mal a todo el sistema penitenciario del país, pero particularmente al de Tamaulipas.
Los resultados son contundentes: Tamaulipas junto con Veracruz y Guerrero, son los tres Estados del país con la peor calificación en sus reclusorios. Para decirlo más claro: están reprobados.
Fueron evaluados los reclusorios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros , Victoria y Altamira, y la calificación que lograron fue de apenas 5.42.
Entre las irregularidades más recurrentes que se detectó en ellas aparecen la existencia de autogobiernos o cogobiernos; el cobro de extorsiones y sobornos; presencia de actividades ilícitas e insuficiencia de personal de custodia y seguridad.
También padecen hacinamiento; deficiente separación de hombres y mujeres; deficiencia en los servicios de salud; insuficiencia de vías para denunciar posibles violaciones de derechos humanos, y deficiencias en la alimentación.
La investigación también encontró deficiencias en la separación de procesados y sentenciados; insuficiencia en actividades laborales y de capacitación e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
Pero hay más: no es el primer año que los reclusorios tamaulipecos son reprobados.
Todo ello nos deja clara una situación: a los Gobiernos no les está interesando en lo absoluto el sistema penitenciario y los fines del mismo.
Pareciera que para las autoridades alguien que delinquió es caso perdido y por eso no les interesa invertir recursos para hacer que las cárceles cumplan con la función para la que fueron creadas, que contrario a lo que muchos piensan no es solamente servir de centros de confinamiento de delincuentes.
Es una lástima que así suceda porque cientos o miles de reos egresan diariamente de las cárceles mexicanas, y muchos de ellos lo hacen para seguir delinquiendo. Bajo esas circunstancias, el último eslabón del sistema de justicia, no solamente está olvidado. También es un eslabón podrido.
ASI ANDAN LAS COSAS.
