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Procesarán a Policías Federales por torturar a dos victorenses.

Por Redacción Noticentro.

 

Cinco años después de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró culpables a elementos de la Policía Federal Preventiva de haber detenido ilegalmente y torturado a dos victorenses.

Derivado de la investigación respectiva, el organismo nacional dirigió la recomendación 26VG/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de los agentes involucrados.

“Concluida la investigación, este Organismo Nacional acreditó que con su actuación los elementos de la PF incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad, por la inviolabilidad del domicilio de dos personas, su detención arbitraria y retención ilegal, así como a la integridad personal por actos de tortura contra dichas personas” señaló la CNDH.

Los hechos ocurrieron el nueve de agosto de 2014 en Ciudad Victoria, cuando varios policías federales ingresaron al domicilio de las dos personas agraviadas, un hombre de 30 años y una mujer 35 años de edad en ese momento.

Les detuvieron sin mandamiento judicial y les torturaron física y psicológicamente, provocando que ella sufriera la pérdida del producto de la gestación.

También les obligaron a declararse culpables de delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y tras retenerlos por más de un día los pusieron a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.

La CNDH instruyó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reparar el daño a los dos agraviados, que incluya compensación en términos de la Ley General de Víctimas; se les brinde atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

Además deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncia y la queja que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, contra el personal involucrado en los hechos.

 

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