Por Redacción Noticentro.
El formato para que los servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno rindan su declaración patrimonial y de intereses será homologado y perfeccionado a partir de éste año, pero a pesar de ello los ciudadanos no podrán consultar la información relacionada con la familia del funcionario.
De acuerdo con un taller dirigido por videoconferencia a periodistas de todo el país por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el nuevo formato del documento será publicado en noviembre próximo en el Diario Oficial de la Federación.
El objetivo de perfeccionar el formato de declaración patrimonial y de intereses es reforzar la lucha contra la corrupción.
Durante la videoconferencia que en Ciudad Victoria fue difundida en un salón de la Pinacoteca ubicada en el 13 y 14 Hidalgo, funcionarios del (SNA) explicaron que actualmente cada Estado tiene su propio formato de declaración patrimonial y de intereses, por lo que en adelante habrá uno solo para los Gobiernos federal, estatal y municipal.
Aunque la modificación busca hacer más confiable la rendición de cuentas de los servidores públicos y fortalecer la transparencia y el derecho a la información pública, habrá datos que no estarán disponibles para la sociedad.
“No toda la información será pública. Básicamente lo que tiene que ver información de la pareja, los hijos , dependientes económicos y terceros, no estará visible” señaló uno de los funcionarios que impartieron el taller.
El hecho generó cuestionamientos por parte de los periodistas del país, porque precisamente existe una investigación contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a quien se acusa de acumular una fortuna de más de 800 millones de pesos en bienes, muchos de los cuales aparecen a nombre de su esposa e hijos.
Los ponentes respondieron que se trata de una disposición de ley y debe respetarse.
Otro cambio incorporado al formato es que la obligación de declaración patrimonial y de bienes será para todos los servidores públicos, incluidos policías, enfermeras, etcétera.
Sin embargo, habrá una obligación mayor para servidores públicos que ejerzan cargos de mando, desde jefes de departamentos hacia arriba.
Los servidores públicos que no tienen mando se limitarán a dar información sobre sus datos generales, mientras que los jefes de departamento y aquellos con mayor jerarquía tendrán que atender todos los requerimientos, que incluye la declaración de intereses.
Actualmente la obligación no es generalizada para todos los servidores públicos.
Otra innovación es que la declaración deberá hacerse vía electrónica y ya no en papel como ocurre hasta la actualidad. Con ello se busca alimentar una plataforma nacional que permita cruzar información para detectar cuando un servidor público incrementa repentinamente su patrimonio o ha mentido en su declaración.
El nuevo formato homologado será estrenado masivamente en mayo del 2020 cuando existe la obligación generalizada de todos los servidores públicos de actualizar su declaración.
Sin embargo, estará disponible a partir de noviembre próximo.
En la misma plataforma nacional habrá un listado de servidores públicos sancionados o inhabilitados con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
