Por Redacción Noticentro.
Bajo el argumento de que sería muy costoso y no hay dinero suficiente, la Diputación Permanente rechazó, con el voto mayoritario del Partido Acción Nacional (PAN), una reforma a la Ley de Seguridad Escolar para hacer obligatoria la instalación de cámaras de seguridad en escuelas públicas y la revisión de las mochilas a los alumnos.
La propuesta había sido presentada por el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anto Tovar, quien buscaba fortalecer la seguridad en las instituciones educativas para proteger a los estudiantes.
El matamorense proponía que cada escuela fuera dotada con cámaras de seguridad; que se impusiera la obligación de rondines diarios de las corporaciones policiales; la revisión de las mochilas a los alumnos, y la revisión de cada persona ajena a las escuelas que buscara ingresar al inmueble.
El análisis de la iniciativa propició un prolongado debate porque el PRI, a través de la diputada Copizty Yesenia Hernández García, insistía en la urgencia de aprobar la reforma y el PAN, por medio del panista Glafiro Salinas Mendiola, mantenía su postura de rechazarla, pretextando que no hay presupuesto para la compra de cámaras y además el resto de las propuestas ya están establecidas en la ley.
Hernández García, dijo que la situación de inseguridad que ha alcanzado a estudiantes y maestros justifica cualquier erogación para la compra de las cámaras de seguridad.
“Acabamos de aprobar un exhorto a los Ayuntamientos para que instalen cámaras de vigilancia en los principales cruceros y no podemos aprobar algo parecido para las escuelas. Es algo que no entiendo” señaló.
Refirió que no se puede regatear el reforzamiento de la seguridad en las escuelas , sobre todo cuando se han dado situaciones de violencia delincuencial que han afectado a maestros y alumnos.
Salinas Mendiola intentó convencer a los priistas de que cambiaran su iniciativa de decreto por una propuesta de punto de acuerdo con exhorto, pero no hubo acuerdo, por lo que al final el PAN hizo uso de su mayoría para desechar la acción legislativa.
