POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dejó a un lado el espíritu conciliador empresarial y se lanzó duro en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que luego de enumerar una serie de malas decisiones en lo que va de la presente administración federal, señaló que es momento de “corregir el camino” porque de no hacerlo habrá consecuencias desastrosas para la economía del país y el bienestar de la sociedad mexicana.
De Hoyos Walther expresó que ya comienzan a notarse los impactos de las malas decisiones de la administración de López Obrador, incluso dijo que como prueba de ello son las bajas calificaciones que le han otorgado diversas empresas calificadoras a Petróleos Mexicanos (Pemex), como es el caso de Fitch Ratings y Standard & Poor’s.
Además criticó que el Jefe del Ejecutivo Federal se empeñe en construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco, ya que no reúne las condiciones ambientales ni mucho menos financieras, como se pudo constatar en el hecho de que las cuatro empresas invitadas, la estadunidense Bechtel, la italiana Techint, la australiana Worley Parsons, y la francesa Technip, simplemente no quisieron tener el proyecto y ahora estará a cargo de la propia empresa petrolera del país.
El dirigente del llamado Sindicato Patronal señaló que no se tiene una visión estratégica de largo plazo para generar inversiones de valor agregado, sino por el contrario sólo son “caprichos” del presidente López Obrador.
Y hablando de “caprichos”, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Spriú, no estuvo de acuerdo con la opinión del político tabasqueño que ayer calificó nuevamente de corruptos a quienes han promovido amparos en contra de la decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Durante la conferencia de prensa de ayer en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseveró en forma textual: “los corruptos” que tenían la construcción del aeropuerto en Texcoco están inconformes porque no pudieron concretar la transa”.
Y agregó: “quedaron molestos, no se resignan que ya no es lo mismo, y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía y quieren pararlo con amparos, son personas vinculadas con los que no nos ven con buenos ojos”.
Como se recordará, el pasado 14 de junio, López Obrador declaró en conferencia de prensa que los amparos en los que se ha ordenado la paralización temporal de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fueron tramitados por sus adversarios a quienes exhibirá “para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”.
El titular de la SCT fue entrevistado ayer poco después de salir de Palacio Nacional y negó que sean corruptos quienes han promovido los amparos en contra de la cancelación del NAIM y la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
De regreso con la fuerte embestida que le dio ayer el dirigente empresarial De Hoyos Walther al presidente López Obrador, no hay duda de que se debe “corregir el camino” porque está en peligro la estabilidad económica y social del país, sobre todo ahora que la administración federal se encuentra atrapada en la campaña presidencial de Donald Trump.
No basta con señalar que “tiene otros datos”, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México (Banxico), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y las empresas calificadoras, señalan con datos que la actual política económica no ha logrado avanzar, sino por el contrario está estancada y no se logrará ni siquiera un crecimiento del 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019.
Por otra parte, pero sin dejar el tema de la Coparmex, resulta que el dirigente de esta organización empresarial en Victoria, que preside Mario Flores Pedraza, exigió la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para investigar el presunto desvío de recursos púbicos cometidos en la administración municipal de Xicoténcatl González Uresti.
Flores Pedraza señaló que las autoridades encargadas de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos deberían de investigar las adjudicaciones directas que se han hecho a empresas de dudosa procedencia tanto en la administración como en el DIF municipal.
Indicó que el alcalde González Uresti no ha cumplido con el compromiso de la transparencia y rendición de cuentas, por lo que la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Javier Castro Ormaechea, debería actuar de inmediato para aclarar si hay o no irregularidades en el gasto del presupuesto municipal de Victoria.
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