Por Francisco Garfias.
Menuda sorpresa nos dio ayer el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, nominado por AMLO para el máximo tribunal, al dar su voto para obtener la mayoría calificada requerida para anular dos artículos de la controvertida Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Se trata de los artículos 6 y 7 que el legislador estableció “de prisa y sin reflexión” para fijar las remuneraciones del Presidente y los servidores públicos, como dice el mero mero del CIDE, Sergio López Ayllón.
En una valiente muestra de independencia frente al Ejecutivo, que presume esta Ley como punta de lanza de la austeridad, Carrancá dejó clarísima la arbitrariedad que cometió el legislador al aprobar ese ordenamiento.
Y coincidió con los ministros que abollaron la famosa y vieja “Ley Gómez” —su autor es el legendario Pablo Gómez— en la que no se establecieron parámetros y lineamientos para fijar las remuneraciones.
Esta Ley —hoy por hoy— impide a cualquier funcionario ganar más de los 108 mil pesos que cobra mensualmente el Presidente. Chapeau a los ministros.
- Al no haberse alcanzado la mayoría calificada para su “anulación total” —los mismos ocho votos— el asunto se desestimó en este punto “y la SCJN no hará pronunciamiento al respecto”, advierte un comunicado del máximo tribunal.
El Congreso tiene 90 días, a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones, para establecer el salario del primer mandatario y el de los servidores públicos.
“Es importante que le demos al Congreso el tiempo necesario para legislar, porque es una batalla muy delicada y, además, es mucho lo que está en juego”, dijo González Alcántara Carrancá.
Los ministros que votaron en contra de la “invalidez total” de la Ley y se opusieron, incluso, a la anulación de los dos artículos citados son: Arturo Zaldívar, presidente; Yasmín Esquivel y Norma Piña. Pero, afortunadamente, funcionaron los contrapesos.
- ¿Quién es el propietario de la empresa de Grin Scooters? ¿De qué privilegios goza para no atenerse a las reglas de la Semovi sin ser sancionada? Son preguntas que las empresas de patines eléctricos que le compiten en la CDMX se hacen, sin encontrar respuestas.
El número de patines eléctricos permitidos es de 856 por empresa, sin embargo, Grin desestimó las disposiciones legales y opera con muchas más unidades de las permitidas, nos dicen empresas inconformes.
Agregan: “Esto ha derivado en un ambiente de tensión y conflicto entre autoridades y operadores, pues mientras otras empresas acceden a cooperar con la autoridad, Grin no acata los reglamentos y, adicionalmente, no entrega los reportes de información requeridos por la Secretaría”.
Los operadores afectados por la voracidad de Grin interpondrán una queja formal esta semana. El próximo 28 de mayo se emitirán nuevos permisos. Semovi probará de qué lado está. Veremos si dejará que Grin se salga con la suya.
- Nos escribe Jorge Chávez Presa, director ejecutivo en el Consejo del Banco Mundial. Anda en misión por Camboya, Singapur y Mongolia.
En su mensaje reflexiona sobre la alternativa de Dos Bocas que aborda dos puntos: el altísimo costo de oportunidad para el sur-sureste de México y la pésima señal que se enviará a la inversión si no se detona la acción de los contrapesos existentes en México.
Nos mandó también una copia del último artículo que escribió para El Universal en el que dice: “Pemex, lastre heredado, tiene mejores opciones de invertir esos escasos recursos para incrementar la producción de hidrocarburos, las reservas probadas, el volumen de las gasolinas con la reconfiguración de las refinerías existentes o darles mantenimiento mayor para elevar su baja utilización.
“…Dos Bocas —sintetiza— en lugar de atraer la inversión, la espanta…”.
