Por Redacción Noticentro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), exigió a la Procuraduría General de la República, (PGR), agilizar la indagatoria penal contra tres policías federales que, hace seis años, torturaron a una persona en Matamoros, a quien le prensaron los dedos de la mano derecha y le metieron un cuchillo en la oreja izquierda, para obligarlo a confesarse culpable del robo de un vehículo y la posesión de un arma.
A través de la recomendación 18/2019, el organismo nacional acusó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana—de quien depende la Policía Federal, y a la PGR, “por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, derivado de la detención arbitraria y retención ilegal; a la integridad personal por actos de tortura, atribuibles a elementos de la Policía Federal y cometidas en agravio de una persona, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuible a agentes ministeriales de la Federación”.
Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2013, en Matamoros. La víctima salía de un establecimiento comercial cuando fue detenida por los tres policías federales, que lo subieron a una patrulla en donde lo golpearon y torturaron con unas pinzas, con las que le “prensaron” los dedos de la mano derecha, y le “metieron” un cuchillo en la oreja izquierda.
Las torturas fueron para obligarlo a declarar que fue detenido a bordo de una camioneta robada y con un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
El hombre fue trasladado a un hotel para ser interrogado y, 3 horas después fue presentado ante el Ministerio Público Federal, en donde se le vinculó como probable responsable en una averiguación previa.
Después de investigar el caso, la CNDH constató que los policías federales detuvieron arbitrariamente a la víctima al no existir orden de aprehensión ni flagrancia o caso urgente.
Además, acreditó una dilación al menos 3 horas entre el momento de su aseguramiento y su puesta a disposición ante la autoridad ministerial para definir su situación jurídica.
La CNDH culpó también a la PGR por haber sido negligente en la atención del requerimiento de un Juez de Distrito, quien le ordenó se abriera una indagatoria por la posible comisión del delito de tortura en agravio de la víctima, ya que desahogó tal petición 1 año y 9 meses después.
Derivado de todo ello, el organismo nacional recomendó a ambas instancias que repare el daño a la persona agraviada, se capacite a los agentes policiales de esa corporación en materia de derechos humanos sobre los estándares internacionales, acuerdos y protocolos relacionados con el derecho a la integridad, y que agilice la investigación contra los tres policías implicados.
