POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
En verdad que el presidente Andrés Manuel López Obrador requiere tener un periodo largo de vacaciones, luego de la barrabasada de ayer cuando a través de un simple memorándum pretendió cancelar la reforma educativa del 2013, además ordenó que sean reinstalados todos los maestros que fueron cesados por no tener los conocimientos ni mucho menos las capacidades necesarias para dar clases a niños y jóvenes de educación básica.
El memorándum de López Obrador no tiene ningún fundamento legal, como lo señala atinadamente el ex-ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, quien aseveró a través de un mensaje de twitter que el documento es “fácilmente impugnable”.
Y como era de esperarse, los legisladores del PAN y del PRI se lanzaron en contra de él, puesto que mientras algunos afirmaron que se trató de una medida unilateral y autoritaria para favorecer a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), otros reiteraron que López Obrador no tiene ningún respeto al Poder Legislativo porque se requiere una reforma constitucional y no un simple memorándum.
Resulta lamentable que López Obrador pretenda presionar de esta manera a los integrantes del CNTE para que dejen continuar los trabajos legislativos de la contra-reforma educativa en la Cámara de Diputados, sobre todo cuando los maestros disidentes exigen recuperar todos los privilegios que tenían antes, como es el manejo de las plazas magisteriales y el presupuesto educativo.
Tan sencillo sería sacar adelante la contra-reforma educativa porque tiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, sin embargo pretende tener el apoyo de los integrantes de la CNTE con el pretexto de lograr una reforma consensuada por todos los sectores involucrados.
Ayer anunció que ordenaba a los titulares de Gobernación, Hacienda y Educación, que hicieran lo necesario para dejar sin efecto la reforma educativa impulsada por el ahora ex-presidente Enrique Peña Nieto.
Se espera que Olga Sánchez Cordero Dávila de Gobernación, Carlos Urzúa Macías de Hacienda y Esteban Moctezuma Barragán de Educación, le expliquen que no se puede derogar la reforma educativa con un simple memorándum y lo saquen del error que cometió ayer para que hoy pueda decir que los reporteros mal interpretaron sus palabras, como ha sucedió en otras ocasiones.
A propósito, López Obrador desmintió que haya amenazado a los periodistas que a diario cubren sus entrevistas mañaneras en Palacio Nacional, cuando señaló el pasado lunes que con motivo de la discrepancia que tuvo con Jorge Ramos Ávalos, titular del Noticiero de Univisión en Estados Unidos acerca del número de homicidios en el país, había visto el comentario de un columnista diciendo que no eran buenos periodistas.
Y les dijo: “yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo, y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”.
Esta última parte de la frase: “y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”, se tomó como una amenaza velada del presidente López Obrador, quien al otro día desmintió y dijo que habían malinterpretado sus palabras.
Es por eso, que urge que el político tabasqueño tomé sus vacaciones para que recobre la energía necesaria a fin de tener una mente despierta y ágil, pero sobre todo para cuidar su salud luego de tener dos infartos.
En otro tema, candidatas y candidatos reconocen la labor desarrollada por la titular de la Vocalía Ejecutiva del INE en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, en torno a la fiscalización de sus respectivas campañas que iniciaron el pasado lunes 15 de abril y concluyen el próximo 29 de mayo.
La maestra Castro Ramírez ordenó que se duplicará el personal del área de fiscalización para estar presentes en los actos de arranque de las campañas, sobre todo de los contendientes del PAN, PRI y Morena, quienes contaron con el apoyo de sus simpatizantes y seguidores.
Las y los contendientes a las 22 diputaciones de mayoría y las 14 de representación proporcional que estarán en juego en la elección del 2 de junio, coincidieron en señalar que la fiscalización sea pareja y en caso de que se detecte alguna irregularidad se aplique con todo rigor la Ley Electoral.
También advirtieron que denunciarán si alguno de los empleados del INE comete algún abuso por cuestiones partidistas, ya que se requiere fundamentar cualquier irregularidad delatada y no simplemente la suposición de algún militante o funcionario de un partido político.
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