Por Redacción Noticentro.
Al dar a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), reprobó a Tamaulipa, con una calificación de menos seis.
De acuerdo con el organismo nacional, Tamaulipas junto con siete entidades que son: Veracruz, Sinaloa , Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Nayarit y Baja California sur, “resultaron reprobados al conseguir menos de seis puntos”.
Los centros de reclusión de Guanajuato, Querétaro y Coahuila alcanzaron calificación mayor a 8, mientras que los de otras 21 entidades obtuvieron entre 6 y 8.
Para la aplicación del Diagnóstico, personal de la CNDH visitó 199 centros de detención varoniles, mixtos y femeniles, a nivel nacional, de los 308 que se encontraban en funcionamiento, lo que significa que se supervisó al 55%.
De ellos, los centros estatales obtuvieron calificación promedio nacional de 6.45, que representó aumento sostenido respecto de los cuatro años anteriores.
A su vez, los centros federales tuvieron 7.48 en global, que significó aumento respecto de las calificaciones de los dos años anteriores, 7.21 en 2016 y 7.33 en 2017.
La calificación promedio para las prisiones militares fue de 8.21.
El total de población de las prisiones visitadas, de acuerdo con el día de la supervisión, fue de 182,955 personas, que significó el 89% del total de la población recluida del país, correspondiendo 164,094 internos a centros estatales, 18,403 a centros federales y 458 a prisiones militares.
Las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los centros estatales se refieren a separación entre procesados y sentenciados, deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, cocina y comedores, insuficiente personal de seguridad y custodia, hacinamiento y falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo Otras deficiencias detectadas son falta de prevención y atención de incidentes violentos, así como las condiciones de autogobierno y/ o cogobierno.
En 34% de los centros estatales persiste la sobrepoblación y en 32% hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad. En el área médica del 50% de los centros se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene, y en 51% existen deficiencias en cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias.
El derecho de protección a la salud es un problema generalizado en estos Centros dada la falta de personal médico, así como la deficiencia en su atención; en 13 se detectó falta de acceso de los internos a actividades deportivas.
La CNDH advirtió que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario.
“Suponer que la prevención y la investigación de los delitos, así como la procuración y administración de justicia concluyen cuando se determina contra una persona una pena privativa de libertad implica una visión limitada y parcial. Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad” señaló.
Dijo que lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta.
Ante ese panorama, destacó que desde la CNDH se ha señalado de manera reiterada la necesidad de diseñar y desarrollar políticas públicas que promuevan la justicia social, de manera general, y la justicia restaurativa, de manera específica, así como promover condiciones dignas de encarcelamiento y sensibilización acerca de que las personas en reclusión también son integrantes de la sociedad, y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.
