Por Redacción Noticentro.
El Congreso de Tamaulipas decidirá ésta semana si respalda o no la reforma Constitucional que amplía de siete a 19 el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La minuta proyecto de reforma al numeral 19 de la Carta Magna del país, fue recibida el pasado miércoles por el Pleno Legislativo, por lo que se prevé que este martes sea analizada y dictaminada en Comisiones.
La reforma Constitucional fue aprobada el pasado 19 de febrero por la Cámara de Diputados federal y previamente había hecho lo mismo el Senado de la República.
Sin embargo, para que la reforma quede consumada se requiere que tenga el respaldo de la mitad más uno de las legislaturas del país.
La modificación al artículo 19 de la Constitución busca añadir como delitos con prisión preventiva oficiosa, el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Estos 12 tipos penales se suman a los siete que se incluyeron como parte del nuevo sistema de justicia penal acusatorio: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud.
El que un delito merezca prisión preventiva oficiosa significa que los presuntos responsables de esas conductas tendrán que enfrentar su proceso en prisión.
La decisión de ampliar el número de delitos con prisión preventiva obligada ha generado un amplio debate nacional, debido a que hay sectores de la sociedad que consideran la medida como un retroceso y además será la puntilla para el sistema penal acusatorio.
