Por Redacción Noticentro.
En 2018, la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), inició 1975 carpetas de investigación contra igual número de padres que abandonaron a sus familias.
A través de su sitio de internet, la dependencia difundió cifras que indican que el promedio mensual de denuncias contra progenitores incumplidos es de 165.
El periodo comprendido de abril a junio, registró el mayor número de casos de padres acusados del delito de abandono de obligaciones alimenticias.
Los municipios de Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, y los del sur del Estado, registran la más alta incidencia de padres desobligados, lo cual de acuerdo con agentes del Ministerio Público, es normal porque se trata de las zonas con más población.
El Código Penal de Tamaulipas, en su artículo 295, señala que “Comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias el que sin motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus hijos, los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia”.
A su vez, el numeral 296, establece que : “Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá una sanción de un año a cinco años de prisión, privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia”.
Sin embargo, igual que sucede con la Violencia Familiar, pocos padres son sancionados porque durante el desarrollo del proceso logran llegar a un acuerdo con la esposa, que casi siempre es la demandante en representación de sus hijos.
“Como es un delito que se persigue a petición de parte y en el que opera el perdón, los acusados terminan negociando con la acusadora. Por lo general es un arreglo de tipo económico porque se hace una estimación del daño y lo pagan” explicó un representante social.
Pese a ello, admitió que el delito de abandono de obligaciones alimenticias cada vez es más frecuente.
