Por Redacción Noticentro.
Ante la avalancha de amparos que se conceden y que están abriendo la puerta de la prisión a miembros de la delincuencia organizada por falta de claridad en el tipo penal de Atentados a la Seguridad de la Comunidad, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
El diputado Rafael González Benavides, explicó que la acción legislativa busca modificar por completo la redacción del artículo 171 Quater y derogar el 188 Bis, para replantear las hipótesis, conductas, sujetos, bienes jurídicos tutelados y las sanciones relativas al delito de atentados contra la seguridad de la comunidad y los casos en que se deben incrementar.
La reforma es importante y urgente, dijo, porque bajo la actual redacción de ambos numerales, existe ambigüedad o imprecisión de términos como el de “ponchallantas” , “halconeo”, y otros, lo que lleva a los Jueces federales a conceder amparos y con ello otorgarles la libertad a miembros de la delincuencia organizada.
“Lo que estamos proponiendo es una nueva redacción del tipo penal, en particular a través del artículo 171 Quater, para depurar los términos utilizados. Estamos puliendo el tipo penal” indicó.
Dijo que con la reforma se eficientará el trabajo de las corporaciones policiales porque se asegurará que quienes sean detenidos no sean liberados luego por los Jueces.
La iniciativa fue turnada a Comisiones para ser analizada, debatida y dictaminada.
En la exposición de motivos, González Benavides señaló que hacer una reingeniería del Código Penal, es importante ante la alta incidencia de delitos que afectan a las personas y la comunidad.
Entre esas conductas figuran: el cierre del paso o impedir el tránsito de vehículos o personas en carreteras, caminos, calles o vialidades dentro del territorio de una comunidad; utilización de equipos o artefactos para la intervención, escucha o intromisión de los canales de comunicaciones oficiales o privadas; y utilización de identificaciones alteradas o falsas, vestimenta, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones inherentes a instituciones de seguridad pública o institutos armados, vehículos oficiales de instituciones policiales, de tránsito, o de auxilio, o de los institutos armados, o simulen su apreciación.
El delito también se da a través de daños, alteraciones u obstaculización del adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia instalados por el Estado o los particulares en la vía o accesos públicos.
“Consideramos que este Poder Legislativo debe plantear una reingeniería en la redacción de este artículo, con la finalidad de no incurrir en violaciones e irregularidades destacadas en su aplicación, lo que ha repercutido en la liberación de presuntos responsables” detalló.
