Por Redacción Noticentro.
De aprobarse una iniciativa de reforma a la Constitución federal, el “piso” económico obligado para los Poderes Judiciales será del dos por ciento del presupuesto estatal, y la designación de los Magistrados sería a propuesta del Consejo de la Judicatura y no del Jefe del Poder Ejecutivo, informó el magistrado Horacio Ortiz Renán.
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, (STJ), consideró la acción legislativa como positiva, porque hoy más que nunca las judicaturas locales requieren de mayor presupuesto para implementar las reformas Constitucionales que aumentarán la carga de trabajo de los juzgadores.
Actualmente, dijo, el Poder Judicial de Tamaulipas tiene garantizado en la Constitución el 1.3 por ciento del presupuesto anual del Gobierno del Estado, aunque en 2018, con los apoyos adicionales aumento al dos por ciento.
La iniciativa de reforma al artículo 116 Constitucional que impulsa la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, busca también, entre otras cosas, modificar el procedimiento de designación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
La acción legislativa pretende quitarle esa facultad a los Gobernadores para que sean los Consejos de la Judicatura los que hagan la propuesta al Poder Legislativo.
Ortiz Renán vio sana la propuesta aunque lamentó y critico que no se limite esa misma facultad del Presidente de la República con respecto a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa no contempla quitarle ese derecho al Jefe del Ejecutivo federal.
“La iniciativa no ha sido aprobada pero viene en ese sentido” precisó.
Cabe señalar que, a nivel local, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), presentó desde hace meses una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado, para duplicar el presupuesto al Poder Judicial del Estado.
Además, recientemente llevó ante el Pleno Legislativo, otra iniciativa de reforma Constitucional para que la designación de los Magistrados del STJ sea a través de convocatoria pública y no a propuesta del Gobernador del Estado.
