Por Redacción Noticentro.
Los organismos protectores de derechos humanos buscan que se cumpla la ley y no defienden delincuentes, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), al tiempo de demandar a sus pares estatales hacer respetar su autonomía y su independencia frente al Gobierno.
“Los OPDH buscan que se cumpla la ley y no defienden delincuentes, como se atribuye desde estructuras de gobierno que ante incapacidades operativas de quienes deben cumplir la ley denuestan y estigmatizan a las y los Ombudsperson, quienes defienden la dignidad de las personas y buscan prevenir y que no se actualicen violaciones a los derechos humanos, que son interdependientes, universales y progresivos” señaló.
Ante ello, dijo, los Organismos Públicos de Derechos Humanos continuarán su tarea de frenar a quienes, desde el poder político o la criminalidad, buscan minar su independencia o intimidarlos para que se autocensuren.
“Para ello, deben mantener su demanda para que los Poderes Legislativos y Ejecutivos federal y locales tomen medidas que aseguren la autonomía de gestión y financiera de las y los Ombudsperson del país, y garanticen las condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de su función” indicó
Además, los organismos estatales de defensa de derechos humanos deben pugnar porque los procedimientos para la designación de todas las personas titulares de los mismos se realicen de manera transparente y con la participación activa de la sociedad civil.
Esto es importante, indicó, porque uno de los pilares que sostiene la autonomía de las y los Ombudsperson es la legitimidad que le da su cercanía con la población a la que debe dar voz, en tanto que el otro pilar es la probidad de su actuación.
“De esa forma la protección no jurisdiccional debe ser más accesible para las personas, mediante procedimientos cada vez menos formalistas, más ágiles y oportunos, pero también más efectivos, respaldados en investigaciones sólidas y con base en los más altos estándares internacionales y nacionales” sentenció.
Refirió que la situación crítica que vive nuestro país en materia de derechos humanos requiere una actuación decidida y comprometida de las y los Ombusperson con la búsqueda e implementación de las soluciones que el Estado mexicano debe brindar a la sociedad, de manera urgente, pero también a mediano y largo plazos, para revertir las inercias institucionales y sociales que han permitido que la inseguridad, la impunidad y la corrupción prevalezcan y vulneren los derechos de las personas.
