Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Cuatro mil 566 millones de pesos es un mundo de dinero. No será fácil que los 60 o 70 exfuncionarios, municipales y estatales, que lo tenían bajo su responsabilidad , lo devuelvan.
Mucho menos podrán hacerlo en siete días, que fue el plazo que les fijo la Auditoría Superior del Estado (ASE). En ese entendido, muy pronto los penales tamaulipecos tendrán nuevos huéspedes distinguidos.
De acuerdo con lo que ha dicho el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, entre el grupo de exservidores públicos emproblemados figuran ex alcaldes, extesoreros y exsíndicos. También hay extitulares de organismos públicos descentralizados, ex Secretarios y exdirectores de la administración de Egidio Torre Cantú.
El Auditor pareció aclarar las cosas ayer con respecto a la situación legal del exgobernador Torre. Casi, casi, lo exonero.
El asunto es que, la ASE está decidida a ir tras la huella de ese “mundo” de dinero, cuyo gasto no supieron explicar o justificar quienes lo tenían bajo su resguardo.
¿Podrá la Auditoría Superior desenredar la madeja? Esperemos que sí. No debe el órgano fiscalizador de los dineros públicos dejar pasar la oportunidad de dar un escarmiento , y con ello mandar un mensaje a todos aquellos que siguen viendo el servicio público como la oportunidad para enriquecerse fácil y rápido.
Esperemos que este escándalo financiero no vaya a ser un mero instrumento mediático o de chantaje para someter a los adversarios políticos.
Ojalá y sea genuino el interés manifiesto de seguirle la pista a esos miles de millones de pesos, y que quienes hayan dispuesto de parte de ellos para asegurar su futuro económico paguen por su ambición.
Insisto: si los implicados terminan en prisión o se les cobra coactivamente el recurso, quienes vayan asumiendo cargos públicos en el futuro lo pensarán dos veces antes de dar un mal paso.
Sería ingenuo y fantasioso decir que acabaría la corrupción pero por lo menos la disminuiría, porque seguramente al ver el destino de quienes no resistieron la tentación otros lo razonarán antes de seguir el mismo camino.
De los 4, 566 millones de pesos que andan perdidos, 704 millones de pesos pertenecen a la cuenta pública de los municipios en los ejercicios 2014-2015, y 704 millones de pesos de la cuenta pública municipal del 2016.
Otros 838 millones de pesos forman parte del presupuesto que ejercieron diversos organismos públicos descentralizados , y que tampoco fueron comprobados.
Los restantes 2, 245 millones de pesos pertenecieron al presupuesto 2016 del Gobierno del Estado. De ellos, 1300 millones de pesos estaban asignados al IPSSET y el resto a la Secretaría de Educación del Estado.
Bajo esa radiografía, ya podemos inferir hacia donde apunta la flecha de la justicia. El IPSSET parece que será el primer blanco.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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