Por Redacción Noticentro.
La Auditoría Superior del Estado, (ASE). tiene en “capilla” a alrededor de 60 exfuncionarios públicos estatales y municipales, por no haber comprobado el destino de 4,566 millones de pesos del ejercicio fiscal 2016.
El titular de la ASE, Jorge Espino Ascanio, explicó que en su mayoría se trata de exalcaldes, exsindicos, extesoreros y exdirectores de obras públicas de al menos el 60 por ciento de los municipios.
También aparecen como presuntos responsables ex servidores públicos de organismos públicos descentralizados; de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, y del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, (IPSSET).
De los 4, 566 millones de pesos cuyo destino no fue acreditado, 704 millones de pesos pertenecen a la cuenta pública de los municipios en los ejercicios 2014-2015 y 704 millones de pesos de la cuenta pública de los municipios del año 2016.
Otros 838 millones de pesos forman parte del presupuesto que ejercieron diversos organismos públicos descentralizados , y que tampoco fueron comprobados.
Los restantes 2, 245 millones de pesos pertenecieron al presupuesto 2016 del Gobierno del Estado. De ellos, 1300 millones de pesos estaban asignados al IPSSET y el resto a la Secretaría de Educación del Estado.
Una vez que sean notificados de los resultados de la investigación que realizó la Auditoría Superior del Estado , los 60 exfuncionarios que aparecen como presuntos responsables tendrán un plazo de siete días para resarcir el dinero a las actuales administraciones municipales.
De no hacerlo, la ASE dará iniciará procedimientos administrativos en su contra, para que la Secretaría de Finanzas les reclame coactivamente el recurso, pero en los casos que exista evidencia de un delito se dará vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE).
Espino Ascanio señaló que como consecuencia de las observaciones no aclaradas por los exfuncionarios públicos, las cuentas públicas correspondientes llevan un informe en sentido negativo, lo que significa que serán rechazadas por el Congreso del Estado.
