POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
Tiene mucha razón el Presidente Enrique Peña Nieto cuando aseveró que el próximo gobierno federal iniciará con fortalezas en el ámbito político, económico y social, pero también cuando reconoció que no pudo cumplir con el compromiso de lograr la paz y la tranquilidad que demanda la sociedad mexicana.
Nadie puede negar que se fincaron las bases de un desarrollo duradero con las llamadas reformas estructurales, como se puede constatar en las inversiones de empresarios tanto nacionales como extranjeros en materia energética y de telecomunicaciones, entre otros rubros.
Destacó la Inversión Extranjera Directa (IED) de poco más de 192 mil millones de dólares, además de la generación de casi 4 millones de nuevos empleos en lo que va de la presente administración federal.
De igual forma, habló de la importancia de tener una mejor infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, sin dejar de mencionar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y el tren interurbano México-Toluca, entre otras obras federales.
“Se tomaron decisiones dolorosas, pero necesarias para lograr fincar las bases de actual desarrollo económico, como la reforma fiscal y la eliminación de los subsidios a las gasolinas y el diésel”, aseveró el Presidente Peña Nieto.
Y como dijera la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz-Massieu Salinas en su papel de senadora en el arranque de la LXIV Legislatura Federal que asumían los costos de las reformas estructurales para dejar una economía con estabilidad y en pleno auge a pesar de la crítica situación global.
Desafortunadamente, todo lo bueno que hubo durante la administración del Presidente Peña Nieto se empañó por los escándalos de corrupción registrados en los últimos seis años, como fue el caso de la “Casa Blanca” que no sólo empaño la investidura presidencial, sino también involucró en forma innecesaria a su esposa Angélica Rivero de Peña.
Si bien es cierto que como nunca antes hay varios ex-gobernadores en prisión acusados de corrupción, como es el caso de Javier Duarte de Ochoa, quien es acusado por el presunto desvío de 35 mil millones de pesos del gobierno de Veracruz, no hay duda que el uso ilícito de los recursos públicos fue la causa principal del llamado “enojo social” propició el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1° de julio.
En otro tema, la nominación del ahora ex-senador Rabindranath Salazar Solorio como virtual director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), rompió con el esquema anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador acerca de tener como representante del próximo gobierno federal en los estados a quienes hayan sido candidatos o militantes de Morena.
Salazar Solorio estaba perfilado para ser el representante de López Obrador en Morelos, pero el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo se reunió con el presidente electo a principios del pasado mes de agosto en la casa de transición de la colonia Roma de la Ciudad de México, a fin de solicitarle que en lugar del ahora ex-senador designara a Hugo Erick Flores Cervantes, dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES) que acaba de perder su registro como partido político por no reunir el 3% de la votación en la elección del pasado 1° de julio.
El caso de Salazar Solorio llama la atención porque establece un precedente para que otros gobernadores electos o en funciones soliciten a López Obrador que cambie a quienes han sido nominados como representantes de él en sus respectivas entidades federativas.
Aunque se puede decir que el cambio fue por la cercanía que tiene el ex-futbolista Blanco Bravo con el presiente electo, pero lo cierto fue que el virtual director de Bansefi se ganó el cargo luego de que como coordinador de Morena en la IV Circunscripción Electoral del país, ganó 53 de 56 distritos electorales de la zona integrada por la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Por último, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Irving Barrios Mujica reveló en conferencia de prensa que se había detenido uno de los presuntos asesinos del periodista Héctor González Antonio (QEPD), luego de una exhaustiva investigación acerca del caso y se determinó que el crimen fue cometido por el robo del vehículo y las cámaras fotográficas del también corresponsal del periódico Excélsior.
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