Por Redacción Noticentro.
El Ayuntamiento de Matamoros solicitó autorización al Congreso del Estado, para firmar un contrato por 12 años con una empresa privada que modernizará y dará mantenimiento a la red de energía eléctrica, y suministrara al municipio el servicio de alumbrado público a cambio de un pago mensual de 7 millones 348 mil 884 pesos.
La iniciativa respectiva fue recibida por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, quien habrá de analizarla y dictaminarla.
Para fundamentar la iniciativa, el Ayuntamiento señala que la medida es necesaria para dar respuesta a las quejas de la población sobre un deficiente servicio de alumbrado público.
El contrato con la empresa que resulte ganadora del proceso de licitación estaría fundamentado en la Ley de Asociaciones Público Privadas y en el Código Municipal de Tamaulipas.
Los siete millones trecientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos que pagara mensualmente el Ayuntamiento, se entregarán en dos partidas: una por un monto de cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N), el cual permanecerá fijo durante la vigencia del contrato, y otro por dos millones setecientos ocho mil, ochocientos ochenta y cuatro pesos, con un incremento anual de un 5.796, por concepto de suministro de energía eléctrica.
El Ayuntamiento garantizará la partida de cuatro millones 640 mil pesos con los ingresos correspondientes al Municipio por concepto del Fondo General de Participaciones del Ramo 28, mientras que la partida de servicio y pago de energía eléctrica será cubierta y garantizada con recursos propios del municipio.
La empresa se obligara al remplazo de 35,117 luminarias convencionales existentes de la red de alumbrado público, por luminarias con tecnología LEO· (Light Emitting Diode).
Además modernizara la infraestructura disponible y el mantenimiento de la misma, así como el pago del consumo de energía eléctrica por el alumbrado público.
La propuesta causó sorpresa porque la administración municipal de Jesús de la Garza Díaz del Guante termina en septiembre próximo, lo que implicaría dejarle comprometido los recursos a los próximos tres gobiernos municipales.
