Por Redacción Noticentro.
La Diputación Permanente del Congreso del Estado avaló una reforma al Código Municipal de Tamaulipas, para cambiar el término de abogado por el de licenciado en Derecho o su equivalente, como requisito para ocupar el cargo de Secretario de Ayuntamiento.
Los legisladores consideraron importante la propuesta porque el término de abogado podría dar origen a impugnaciones en el ejercicio del cargo por parte de funcionario municipal.
El numeral 67 del Código Municipal exigía que el aspirante o interesado en el cargo de Secretario de Ayuntamiento debía ser abogado.
Sin embargo, “abogado” es un término que se utiliza para identificar a
aquella persona que ejerce profesionalmente la defensa jurídica de una de las partes en un juicio, además asesora y da consejo en materias jurídicas.
Ante ello, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), Irma Amelia García Velasco, propuso reformar el citado ordenamiento para que en esa parte del artículo 67 se establezca que el aspirante al cargo de Secretario de Ayuntamiento deberá “Tener suficiente instrucción, capacidad y honestidad, a juicio del Ayuntamiento. En los municipios cuya población sea superior a 50,000 habitantes, deberá poseer título de Licenciado en Derecho o su equivalente”.
“Lo anterior evitará conflictos al momento de una designación para ocupar dicho cargo, ya que consideramos que el espíritu del legislador al momento de establecer en la norma que el Secretario de Ayuntamiento debe ser abogado, se refería más bien a toda aquella persona que haya concluido su carrera profesional vinculada con las ciencias jurídicas, sin embargo, como ya se explicó, dicho término atañe al defensor legal de una de las partes en un litigio, por ello consideramos atinente llevar a cabo estas reformas para especificar que dicho cargo público debe ser ocupado por un profesional del derecho o su equivalente, que le permita contar con conocimiento jurídico, independientemente de que ejerza una representación legal en un conflicto de intereses” refiere el dictamen avalado por la Diputación Permanente y que deberá ser llevado ante el Pleno Legislativo para que una vez aprobado tenga vigencia.
