Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Durante las últimas semanas, diputados de diferentes fuerzas políticas han llevado ante el Pleno del Congreso del Estado, diversas iniciativas de reforma al Código Penal con el propósito de incrementar las penalidades hacia algunos delitos.
Por ejemplo, éste martes reciente se le hizo una modificación al código punitivo para elevar a cinco años la pena de prisión para el delito de abandono de obligaciones alimenticias. Anteriormente, la pena para quienes incurrían en esa conducta delictiva era de seis meses a tres años de prisión, y ahora es de uno a cinco años.
Ese mismo día, el Pleno legislativo avaló una segunda reforma al Código Penal, para castigar con cinco años de cárcel la violencia familiar contra menores de 12 años.
Y así, podría agotar el espacio detallándole cada una de las reformas que han impulsado los diputados para aumentar el castigo para ciertos tipos penales.
Con casi 15 años dándole cobertura periodística al trabajo parlamentario, no deja de asombrarme que los diputados locales sigan pensando ingenuamente que los delitos se combaten o se inhiben aumentando las penas de prisión.
La historia ha dejado constancia contundente de que no es por ahí el camino para frenar la delincuencia. Si eso fuera cierto este país sería un paraíso, porque durante décadas las legislaturas estatales y la federal se han dedicado a endurecer los castigos en los ordenamientos punitivos.
La mejor evidencia de que aumentar las penas de prisión no es alternativa viable para reducir los delitos lo vemos con la cada vez más grave inseguridad pública que padecemos como país. No hay territorio alguno de México donde las autoridades no estén rebasadas por la delincuencia.
Si creyéramos, como lo creen nuestros diputados, que aumentando la penas de prisión frenaremos a los delincuentes, nuestro Estado sería un referente nacional. Pero no, estar endureciendo los castigos en el Código Penal no sirve absolutamente para nada. A los maleantes les vale un cacahuate los años de cárcel que puedan recibir.
No se necesita ser un experto en temas de seguridad pública, o de procuración de justicia, para advertir que la problemática delictiva requiere de soluciones más de fondo. La prevención del delito, el combate a la pobreza, y la generación de mayores oportunidades de empleo, son solo algunas de ellas.
Ojalá y eso lo entiendan los diputados para que dejen de estar desperdiciando recursos públicos haciéndole parches al Código Penal y a otras leyes. Y es que, como ya le hemos contado aquí, cada que se presenta una iniciativa debe activarse la maquinaria parlamentaria para decidir si es aprobada o no, lo cual cuesta muchísimo dinero.
EL RESTO.
Se llegó la hora. Este domingo 88.7 millones de mexicanos estamos obligados a acudir a las urnas para decidir quien será el próximo Presidente de la República y renovar las dos cámaras del Congreso de la Unión.
En el caso particular de Tamaulipas, los ciudadanos elegiremos a 43 nuevos Ayuntamientos.
Hagamos votos, primero, para que la jornada electoral transite en paz, sin disturbios, y segundo, para que todos los que estamos en condición legal de votar, acudamos a la urnas.
No importa a quien le vaya a dar su voto, simplemente vaya y vote. No pierde nada y en cambio si ganará mucho porque contribuirá al fortalecimiento de la democracia. Por ahí debemos comenzar si queremos que este país mejore.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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