Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Este viernes y sábado recientes, decenas de pescadores del municipio de Matamoros, bloquearon la carretera que conduce a Ciudad Victoria y al puerto El Mezquital.
Impidieron el paso a miles de automovilistas y transportistas, en reclamo de una prórroga en el inicio de la veda del camarón, programada para el primer minuto del 26 de mayo.
Obviamente las pérdidas económicas provocadas por el bloqueo carretero son enormes y no habrá quien responda por ellas. Serán las mismas empresas, y los particulares que resintieron ese daño, quienes habrán de asumirlo.
El tema merece nuevamente una reflexión porque no es la primera vez que ocurre un bloqueo carretero en Tamaulipas. Hace pocas semanas, agricultores del municipio de San Fernando hicieron lo mismo hasta en 4 ocasiones en un periodo corto de apenas 30 días, para exigirle a la Sagarpa el pago atrasado de subsidios.
En ese sentido, cabe preguntarnos: ¿Es justo el reclamo de los manifestantes? Seguramente lo es. Lo que no resulta justo es que, en la defensa o lucha de un derecho se pisoteen los de miles de ciudadanos que quedaron impedidos para llegar a sus destinos, con las consecuencias que ello implicó para cada uno.
Pero el problema no es de los pescadores o de los agricultores que les ha dado por bloquear carreteras como medida de presión para reclamar un derecho. El problema es de las autoridades que han sido timoratas a la hora de aplicar la ley.
Es fácil de entender: la impunidad es un mal ejemplo, porque cuando los productores ven que nada les sucede al “estrangular” una vía carretera, lo siguen haciendo una y otra vez.
Además, la ausencia de castigo para una violación flagrante a la ley, (obstruir carreteras es un delito del orden federal), manda un mal mensaje a los infractores, y la mejor evidencia la tenemos cuando los bloqueos se repiten.
¿Cuántas personas fueron procesadas por los bloqueos que realizaron los agricultores en San Fernando? Exacto: ¡ninguna!.
Habrá quien diga: “pobrecitos. ¡Es que solo así les hacen caso! Pero la aplicación de la ley no se rige por sentimentalismos o por el hecho de que la causa de protesta sea justa.
Bajo esa situación, habría que exigirle a las autoridades que cumplan con su calidad de garantes de la ley. Para eso son los ordenamientos legales, para mantener el orden en la sociedad y evitar que la convivencia ciudadana se convierta en un caos.
Si los Gobiernos siguen en su papel de mirones, ya sea por temor o solo porque son tiempos electorales, de rato cualquiera va a querer bloquear carreteras para exigir un derecho.
¿O usted qué piensa?.
EL RESTO
Anunciada con “bombo y platillo”, en octubre del 2015, como una mega obra de enorme beneficio social, la construcción de los nuevos mercados municipales en Tampico lleva ya varios meses paralizada.
No hay claridad en las razones por las que la obra no ha sido concluida, y precisamente por esa opacidad es que la Auditoría Superior del Estado (ASE), ya debería estar trabajando en una investigación.
Algo “huele” muy mal en ese asunto, sobre todo porque hay que recordar que el municipio de Tampico contrató un crédito de poco más de 300 millones de pesos para edificar el inmueble. Alguien debe dar una explicación.
ASI ANDAN LAS COSAS.
roger_rogelio@hotmail.com
