Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Es una historia cíclica. Se repite cada tres años en la víspera de un proceso electoral. Los protagonistas son personajes que han encontrado en el chantaje institucional su modus vivendi. Se dicen líderes sociales, pero nada tienen de ello.
A través de membretes aglutinan a los más pobres del campo y de las más precarias zonas urbanas, para usarlos como arma de presión hacia instancias públicas como la Sagarpa y Sedesol federal, o sus pares en el Gobierno del Estado.
Apenas inicia el proceso electoral comienzan a hacerse visibles. Primero buscan colocarse en los medios de comunicación con declaraciones de queja porque presuntamente los discriminan de los programas de subsidio, y luego comienzan a amagar con “tomas” de oficina.
Si la amenaza surte efecto y los funcionarios doblan las manos con alguna negociación, desaparecen de la escena. Si no hay arreglo intensifican la presión con plantones afuera de las dependencias públicas.
La delegación de Sagarpa es el “cliente” preferido de los llamados “lideres” de los pobres. Es así porque junto con Sedesol son las instancias de Gobierno que mayores recursos presupuestales manejan en programas sociales.
En Sagarpa, por ejemplo, una presunta organización denominada, “Frente Auténtico del Campo”, que agrupa a por lo menos otros cuatro membretes, estuvo varios días apostada afuera de las oficinas. Reclaman el pago de ¡¡¡30 millones de pesos!!!en proyectos productivos.
Lo curioso del caso es que los hombres y mujeres que hicieron el plantón no sabían porque estaban ahí. Así ocurre siempre: cuando uno les pregunta las razones de su protesta, no lo saben.
“Pregúntele a sutanito” o “No sé. A mí me invitaron a participar”, son respuestas recurrentes y coincidentes de los manifestantes. Es obvio que los utilizan para chantajear.
Irónicamente, los cabecillas de esos grupos de protesta, de pobres no tienen nada. Usted los ve manejando camionetas con valor cercano al millón de pesos. Usan ropa de diseñador y comen en los mejores restaurantes.
Viven en residencias ostentosas y sus hijos estudian en escuelas privadas.
Paradójicamente, todo ese estilo de vida lo sostienen explotando a los que menos tienen. Son auténticos usufructuarios de la pobreza.
Lo curioso de todo es que se trata de un hecho del que saben muy bien los mismos Gobiernos, pero nada hacen al respecto. Por el contrario, les dan “oxigeno” cuando ceden a sus estrategias de presión y los colocan como interlocutores de los más necesitados.
Mal asunto. Sospechoso asunto.
EL RESTO.
Tiene razón el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, cuando pone sobre la mesa pública la incongruencia de José Antonio Meade, el candidato presidencial del PRI.
Recuerda el mandatario, que en su momento, su Gobierno quiso implementar un programa de control sobre los miles de vehículos “chocolates” que circulan en Tamaulipas y que abonan a la inseguridad pública, pero la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Meade, les advirtió que no estaba dentro de sus facultades, y además que, de hacerlo, el Estado dejaría de recibir alrededor de 2,500 millones de pesos de recursos federales.
Sin embargo, ahora resulta que el PRI está ofreciendo en Tamaulipas que, de llegar Meade a la Presidencia de la República regularizará todos esos miles de “chocolates”.
Por eso le digo que hay razón para el enojo.
Por otra parte, como le decía el martes aquí mismo, es obvio que el PRI anda desesperado y se agarra de todo para rescatar votos, prometiendo algo que no pudo hacer en seis años.
ASI ANDAN LAS COSAS.
Roger_rogelio@hotmail.com
MO
