Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
“No señores, el sistema de justicia penal acusatorio no es la panacea para frenar la criminalidad. En ninguna parte del mundo es así”, nos dijo la semana pasada, a decenas de personas, el Juez de Distrito, Raymundo Serrano Nolasco, durante un panel en el que se debatió si las víctimas tienen las mismas “armas” que todas las partes en un proceso penal.
Lo que intentó el Juzgador fue una especie de defensa frente a los cuestionamientos y críticas que, desde diversos espacios de la sociedad, se han encauzado hacia el modelo de enjuiciamiento penal oral, que se estrenó a nivel nacional en junio del 2016.
De acuerdo al dicho de Don Raymundo, nada tiene que ver la impartición de justicia con la situación de inseguridad pública que agobia a la mayor parte del territorio nacional. Lo que nos dice, por lo menos así lo creo entender, es que el sistema acusatorio procesa delincuentes no previene el delito o persigue maleantes.
La verdad, yo, como miles o millones de mexicanos, no estoy de acuerdo con la apreciación del funcionario del Poder Judicial Federal. Efectivamente, el sistema de justicia penal acusatorio procesa delincuentes, pero me parece que también alienta y fomenta el delito cuando , bajo fundamentos legales establecidos en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite que alguien que cometió un delito enfrente su proceso en libertad.
Si, lo sé, el sistema permite que las cosas sean así. El marco jurídico que rige al sistema acusatorio mandata que la prisión preventiva como medida cautelar sea de uso excepcional, es decir, solo para casos de delitos graves o cuando haya un temor fundado de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, entre otros casos. El problema es que esa misma ley impone al Estado la obligación de vigilar que ese imputado beneficiado cumpla con las medidas cautelares que se le impusieron, lo cual, definitivamente no se está haciendo. Y es ahí, donde está el problema.
¿Cuál es la consecuencia? Que tan pronto alcanzan la calle, muchos de esos procesados siguen delinquiendo, agravando la situación de inseguridad pública, formando un círculo vicioso en el que, por un lado el Gobierno ataca y captura a los delincuentes, y por el otro, los Jueces los liberan. Entran por una puerta y salen por otra.
El problema es gravísimo porque, los beneficiados no son cualquier delincuente menor. Abundan los casos de personas detenidas con armas de fuego, extorsionadores, defraudadores, y toda una gama de maleantes, que han encontrado en la benevolencia del sistema de justicia su mejor aliado.
Por todo ello, a mí me parece que el Juez Serrano intenta defender lo indefendible.
EL RESTO.
CAUSAS, NO EFECTOS.- Imposible contradecir la afirmación de Víctor Manuel Sáenz Martínez, Jefe de la Oficina Particular del Gobernador del Estado, cuando advierte que: “en la lucha contra la inseguridad, la política del gobierno estatal seguirá siendo la de atender las causas de las violencias y no solo atacando los efectos con acciones de seguridad pública”.
“Vamos por las causas de la violencia y no sólo los efectos”, dijo el funcionario, la semana pasada, al participar, en Reynosa, en la apertura del Foro Seguridad Ciudadana Tamaulipas 2018, que organizan la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (UAT), y el Gobierno del Estado.
Tiene razón sobrada Sáenz Martínez. Aquí hemos insistido mucho al respecto: no es deteniendo o abatiendo delincuentes como se va a frenar la inseguridad pública porque los grupos criminales siempre encontrarán con quienes suplir a sus caídos.
La única manera de inhibir la delincuencia es con un proyecto integral a largo plazo que incluya ataque a la pobreza, generación de empleos, fortalecimiento de la educación, y sobre todo, un programa desde las escuelas para reforzar los valores y la cultura de la legalidad entre los niños y adolescentes, para que a la vuelta de pocos años tengamos generaciones con una nueva formación.
Que bueno que el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, lo esté entendiendo así.
ASI ANDAN LAS COSAS.
