Por Redacciòn Noticentro.
Con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva ley que meterá en cintura a los “yonques”, como parte de una estrategia que busca combatir el robo de autos y otras conductas ilícitas.
Se trata de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la compra-venta de vehículos automotores y sus autopartes para el Estado de Tamaulipas.
Durante la sesión ordinaria celebrada éste lunes, los diputados votaron a favor del dictamen que emitió la semana pasada la Diputación Permanente en relación a la acción legislativa promovida por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Con el nuevo ordenamiento normativo, que tendrá vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, se busca combatir el robo de vehículos y proteger el medio ambiente porque los también llamados “deshuesaderos” son destino de vehículos robados y representan un grave foco de contaminación ambiental.
“Se pretende lograr un clima de confianza y de seguridad para las partes, tanto los que ofertan como los que demandan piezas de vehículos automotores a bajo precio, con la seguridad de que se va a comercializar un producto que tiene una legal procedencia” detalló el dictamen que recayó en la iniciativa.
Con la nueva ley, el Gobierno del Estado expedirá el permiso, con vigencia de un año, para la instalación, funcionamiento y operación de los establecimientos, mientras que los Ayuntamientos serán los competentes para otorgar la licencia de ocupación y autorización de uso de suelo.
La ley enumera una serie de obligaciones para los “yonqueros” entre las que destaca la de llevar un registro documentado de los vehículos automotores y autopartes que tengan en venta.
También estarán obligados a entregar a la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), un reporte mensual de las operaciones que realizan, con los datos de identificación de las personas físicas o morales que enajenaron los bienes, así como la cantidad pagada con motivo de la operación realizada, la fecha en que fue celebrada la misma y el número de serie del vehículo automotor.
La Procuraduría General de Justicia del Estado tendrá facultades para cotejar datos de vehículos o autopartes con lo cual estará en condiciones de detectar cuando se trate de unidades robadas.
A su vez, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, hará visitas de verificación e inspección a cada negocio.
Aquellos “yonqueros” que incumplan con la ley recibirán sanciones que irán desde la clausura temporal o total del negocio, hasta la imposición de multas que van desde 50 hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las sanciones monetarias serán independientes de las de tipo civil, penal y fiscal que puedan generarse.
La Ley define un catálogo de causas de sanción entre las que destacan la falta de entrega a la PGJE de un reporte mensual sobre el inventario de vehículos y autopartes; no exhibir en lugar visible la licencia o permiso de funcionamiento , y obstaculizar los actos de inspección o verificación, o niegue la información que le requieran las instancias de gobierno.
