Por Redacción Noticentro.
El Circulo Académico de Juristas aplaudió la decisión de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para ejercer un control sobre los cientos de motociclistas que circulan en la ciudad.
Rolando Barraza Pérez, presidente de la organización que aglutina a profesionales del Derecho, recordó que desde hace al menos dos años se venía exigiendo un operativo de esas características.
“Nosotros teníamos mucho tiempo exigiendo que se metiera al orden a los motociclistas, porque la mayoría no respeta el reglamento de Tránsito y con ello se ponen en riesgo e involucran a terceros. Por eso nos da gusto que por fin se estén tomando cartas en el asunto” mencionó.
Señaló que, aunque no hay estadísticas oficiales sobre cifras de percances, basta analizar las páginas de los periódicos para conocer la magnitud del problema.
“A diario aparecen dos o tres noticias de accidentes en los que participan motociclistas. Muchos de esos percances tienen incluso resultados fatales porque muere alguna persona” indico.
Pese a ello, dijo, la dirección de Tránsito se mantenía apática frente a la problemática, lo cual agravaba las cosas al porque al no haber castigo para los infractores se propiciaba que la conducta se repita.
Explicó que los motociclistas no respetan señalamientos de alto, rebasan por cualquier lado, violan los límites de velocidad e incumplen con las normas mínimas de seguridad.
“Todos hemos visto escenas donde en una pequeña motocicleta viaja una familia entera, en una conducta que incluso debería ser calificada como tentativa de homicidio. En Estados Unidos por mucho menos de esos te detienen y te encarcelan, mientras que aquí no sucede nada” indicó.
Y añadió: “Lo peor es que esa situación está afectando también a mucha gente inocente porque hay casos donde son peatones los que resultan lesionados. La autoridad no puede seguir comportándose con esa indolencia que ha mostrado para atacar un problema que es un factor de inseguridad pública” indicó.
Desde hace varias semanas, autoridades de los tres órdenes de Gobierno comenzaron a decomisar motocicletas cuyos conductores no acreditaran su propiedad, no contaran con licencia de manejo o no usaran el casco de seguridad.
