Por Redacción Noticentro.
Integrantes del Gremio Unidos de Alijadores, acudieron al Congreso del Estado para solicitar el apoyo de los diputados ante la actitud parcial que muestra el Juez primeri del Ramo Civil , de Altamira, Gilberto Barrón Carmona, dentro de un juicio en el que están reclamando la devoluciòn de 27 inmuebles que tienen un valor superior a los 400 millones de pesos y que constituyen el patrimonio de su jubilación.
Encabezados por Magdaleno Pérez Juárez, los alijadores explicaron que debido a la mala administración de los anteriores dirigentes Jesús Ramón Martínez del Ángel y José Cedillo, perdieron la concesión para operar la carga y descarga de mercancías en el puerto de Tampico y en el puerto industrial de Altamira.
Debido a ello perdieron su fuente de empleo que porque más de 100 años habían conservado.
Pérez Juárez refirió que el Juez Barrón Carmona, asigno a Rubén Rodríguez Gutiérrez 27 bienes inmuebles propiedad del Gremio Unico de Alijadores para saldar una deuda de 150 millones de pesos, que concertaron Jesús Ramón Martínez del Ángel y José Cedillo de manera arbitraria pues no tenían autorización de la asamblea para solicitar un empréstito por tal cantidad.
Sin embargo, esos inmuebles tienen un valor por más de 400 millones de pesos, por lo cual se rebasa totalmente el monto de la deuda.
Entre los bienes se encuentra el edificio ubicado en las calles Isauro Alfaro y Francisco Madero en Tampico, un predio de 18 hectáreas en Altamira, así como otras instalaciones, cuyo valor es del doble de lo que se pretende cobrar por lo cual no es admisible se les despoje al gremio de dichos bienes pues constituye el patrimonio de jubilados y pensionados.
Además Jesús Ramón Martínez del Angel y José Cedillo fueron desconocidos por la asamblea general por lo cual no representan a los trabajadores en el juicio de nulidad en que se tiene como contraparte a Rubén Rodríguez, quien reclama un pago de 150 millones de pesos.
Los miembros del Gremio Unido de Alijadores protestaron a las afueras del Congreso del Estado y solicitaron la intervención de los legisladores ante el Supremo Tribunal de Justicia a fin de que la justicia no se tuerce en su perjuicio y se les devuelva su patrimonio.
Por otra parte, indicaron que han denunciado penalmente a Jesús Ramón Martínez del Ángel y José Cedillo pues los 150 millones de pesos que obtuvieron los usaron para su beneficio personal
