Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Bajo el pretexto o argumento de que eran corporaciones corrompidas y carentes de capacidad para enfrentar a la delincuencia, los Gobiernos federal y estatales desaparecieron en 2014 las llamadas Policías Preventivas Municipales.
En su lugar, los Gobiernos enviaron a agentes estatales a hacerse cargo de las tareas de vigilancia y combate a la delincuencia en los municipios. Incluso designaron a mandos militares para que encabezaran las corporaciones presuntamente porque infundirían mayor respeto que un Civil.
Además, se dio por hecho que un militar era incorruptible lo cual evitaría la descomposición de los policías.
Hoy, a casi cuatro años de distancia, ya hemos visto que, como dijo el chistosito, ni una cosa ni otra sino todo lo contrario. Ni se consiguieron mejores resultados en el combate a la delincuencia ni se erradicó la corrupción policial.
Los resultados son más que evidentes. Contra lo que se esperaba o se buscaba, la incidencia delictiva no solo no disminuyo sino que se “disparó” a niveles exagerados, sobre todo en lo que respecta a los delitos del fuero común.
Al no haber policía que los frenara o combatiera, los delincuentes, sobre todo aquellos dedicados al robo, encontraron en los municipios un paraíso.
Las estadísticas de instancias como el Sistema Nacional de Seguridad Publica y la Procuraduría General de Justicia del Estado no dejan lugar a dudas: los delitos del fuero común, con el robo a la cabeza, se han incrementado en forma alarmante.
El hecho se dio así por un factor en particular: porque los Gobiernos han concentrado su tarea de seguridad pública en combatir los delitos de alto impacto como la extorsión, el secuestro y el homicidio, y han minimizado o descuidado la atención a los ilícitos menores o de la competencia del fuero común.
Bajo esas evidencias, resulta justificado y entendible el reclamo o exigencia de la iniciativa privada, particularmente del sector empresarial, y de un amplio sector de la sociedad civil , de que se “reviva” a la Policía Preventiva Municipal.
Disponer de una corporación que atienda los problemas vecinales que pueden ir desde una riña, un caso de violencia familiar, un homicidio, una agresión sexual o un robo, es una necesidad urgente.
Es de sabios reconocer errores, dice el refranero popular, por lo que los Gobiernos deben hacer a un lado cualquier situación que los esté limitando en echar reversa y darle vida nuevamente a la Policía Preventiva Municipal. Simplemente deben admitir su falla y remediarlo.
¿O no cree usted?.
EL RESTO.
EN EL Poder Judicial del Estado sigue esperando titular la primera Sala Civil que dejó acéfala, José Guadalupe Herrera Bustamante, a quien se le venció, a principios de año, su ejercicio como Magistrado.
Hay quienes andan promoviendo para esa Magistratura a la actual directora general del Instituto de Defensoría Pública, y empresaria restaurantera, Rosario, “La China”, Garza Hinojosa.
AHÍ MISMO, cuentan que Marianita Rodríguez Mier y Terán, tiene lista su renuncia como Magistrada de la Cuarta Sala Penal.
Algo debe estar influyendo su relación de nuera con la diputada Susana Hernández Flores, hermana del ex Gobernador, Eugenio, actualmente preso en el Penal de Tamatan.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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