CIUDAD DE MÉXICO.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene una orden de captura otorgada por un juez federal en contra de María Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo, por el delito de lavado de dinero.
María Guadalupe Rodríguez, es identificada por el gobierno federal, como la autora intelectual de una red de lavado a través de la organización Tierra y Libertad (que surgió de la lucha de colonos en Monterrey por un pedazo de tierra en 1970), vinculados al Partido del Trabajo para blanquear 100 millones de pesos, a través de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del Frente Popular.
La investigación del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República indica que la esposa de Alberto Anaya, recibió 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León para el financiamiento de los centros escolares infantiles.
Sin embargo, los recursos fueron depositados en un fondo de inversión, y después transferidos a cuentas bancarias.
Además de María Guadalupe Rodríguez, las autoridades también buscan a María Cristina Martínez y a María Mayra Paredes Díaz, quienes forman parte de la red de lavado de dinero que se realizó entre el tres de febrero y el 13 de junio del presente año.
A ambas personas les fueron depositados parte de los 100 millones de pesos.
A María Cristina Martínez le fueron transferidos seis millones de pesos, quien a su vez, retiró 4.4 millones. A María Mayra Paredes Díaz, le depositaron nueve millones, y sacó 31.5 millones de pesos.
Hasta el momento, la Procuraduría sólo ha detenido a Héctor Quiroz García, líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes, quien después de ser presentado ante un juez de control el martes 24 de octubre, fue dejado en libertad mientras el juzgador determina si los elementos de prueba presentados por la PGR son suficientes para dejarlo en proceso o desechar la acusación del gobierno federal.
Durante la audiencia inicial del martes pasado, la Fiscalía General del estado acusó a Héctor Quiroz García, de formar parte del esquema de lavado de los 100 millones de pesos.
Según la PGR, el dirigente del Partido del Trabajo en Aguascalientes recibió 12 millones 899 mil 909 pesos, y retiró 11 millones ocho mil 592 pesos a través de 57 transacciones bancarias.
