Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.Esta semana el Ejército Mexicano intensificó su presencia en los municipios fronterizos de Río Bravo y Reynosa. Es entendible y justificable el reforzamiento del patrullaje castrense en esa región de Tamaulipas que, desde hace varios años, pero con mayor crudeza durante los últimos meses, ha sido convertida en campo de batalla por parte de grupos del crimen organizado, que se disputan a punta de bala los multimillonarios ingresos que deja el negocio del tráfico de drogas, el secuestro, el cobro de piso, y un enorme catálogo de actividades ilícitas, cuya rentabilidad se potencia por la vecindad con Estados Unidos, el mercado más demandante de estupefacientes.
Qué bueno que los Gobiernos se preocupen por contener la ola de violencia que, igual que en la mayor parte del país, nos mantiene bajo un permanente estado de miedo. Es lo menos que como ciudadanos podemos esperar de las autoridades.
Sin embargo, ha quedado más que claro que, pretender frenar la delincuencia con solo fortalecer la presencia de las fuerzas armadas y policiales es algo así como intentar curar a un enfermo terminal suministrándole una simple aspirina. Lo único que se logra es atenuar momentáneamente una situación que repunta con mayor violencia de un día para otro o de una semana para otra.
En razón de ello, es momento de que quienes toman las decisiones en el combate a la inseguridad pública busquen definitivamente otra alternativa de solución.
Es ilógico seguir repitiendo una estrategia que, tan solo en la anterior administración priista, nos costó a los tamaulipecos algo así como 4, 500 millones de pesos, (al menos eso nos dijeron), sin que se obtuvieran resultados positivos, como queda claro en Reynosa, Río Bravo y Ciudad Victoria.
Insisto: no estamos pidiendo que se retiren de las calles a las fuerzas armadas y policiales. Eso sería suicidio social. Lo que estamos proponiendo o demandando es que, paralelamente al patrullaje policial y castrense, se diseñe una estrategia integral que incluya labores de inteligencia para identificar a líderes criminales y golpear las estructuras financieras del hampa.
Pero, además, deben ser acciones acompañadas de políticas sociales para atacar fenómenos como el desempleo y la pobreza.
Pero deben ser acciones que realmente se materialicen porque luego se da el hecho de que los anuncios no pasan más allá del discurso oficial.
Aquí hemos reconocido en distintas ocasiones que el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca, ha hecho en apenas un año de administración lo que su predecesor no hizo en sus seis años de ejercicio.
Vemos, por ejemplo, a una Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), que a diario hace detenciones de secuestradores , extorsionadores y líderes criminales, y en esa misma dinámica vemos a la Secretaria de Seguridad Pública, cuya Policía Estatal Acreditable, hoy es temida y respetada por los delincuentes.
En ese sentido, no está en duda la decisión y el trabajo del Gobierno estatal para atacar a la delincuencia. Lo que sí está dudoso es la conveniencia de seguir atacando un problema con “armas de salva” porque que nos han demostrado hasta el cansancio su infuncionalidad.
Dice un sabio refrán: “Si quieres lograr resultados diferentes , haz cosas diferentes”. Entendámoslo de una vez.
ASI ANDAN LAS COSAS.
